El uso de redes privadas en las Administraciones Públicas
Javier Hernández, Key Account Manager España en Boldyn Networks
Sin lugar a dudas, la conectividad avanzada y en particular el 5G, son un pilar elemental en la transformación digital de la sociedad, incluyendo a la industria, a la economía y, también, a las administraciones públicas. Y no podía ser de otro modo, ya que su objetivo, lejos de obtener beneficio económico, es cumplir una misión social: garantizar la seguridad de la ciudadanía, apoyar la sostenibilidad y la innovación, facilitar la adopción de nuevas tecnologías, aumentar la eficiencia de procesos con la automatización… Por nombrar algunos ejemplos en términos tecnológicos y de conectividad.
Y, en este contexto, las redes privadas ayudan a obtener esos objetivos, convirtiéndose en grandes aliadas de los organismos de gestión pública. Por un lado, ofrecen una gran fiabilidad y disponibilidad gracias a recursos dedicados (independiente de las redes públicas) que garantizan la continuidad de servicios críticos incluso en situaciones de emergencia; y por otro, brindan una gran seguridad reforzada gracias a un control total sobre la red.
Además, este tipo de infraestructura permite un diseño a medida para garantizar el rendimiento total, así como una gran flexibilidad y escalabilidad adaptadas a necesidades específicas de cada organismo. Y es que, en la gestión eficiente de los recursos públicos, uno de los más importantes (y escaso) es el espectro radioeléctrico donde están disponibles -en régimen de autoprestación- bandas de frecuencia medias y altas.
A nivel práctico, múltiples sectores públicos se pueden, y deben, beneficiar de las ventajas de este nuevo estándar de comunicación. Así, resultan clave para comunicaciones de emergencia y de misión crítica push-to-talk en puertos, aeropuertos, cuerpos de emergencia y seguridad en respuesta a desastres y escenarios críticos, donde el servicio tiene que estar disponible y la red no puede fallar.
Igualmente, son esenciales en la habilitación de cámaras por 5G para videovigilancia en comunidades con tasas de criminalidad altas y control de multitudes en zonas densas, reduciendo el tiempo de despliegue, costes y las trabas administrativas para desplegar fibra óptica. También para ciudades inteligentes con sensores IoT, alumbrado público eficiente, gestión de residuos, gestión del tráfico, control climatológico, etc. Allanando el camino para alcanzar las tan ansiadas y necesarias metas sostenibles.
En el sector sanitario, la red privada destaca en la mejora de los servicios con monitorización remota de pacientes, trabajadores conectados en hospitales, acceso inmediato a información confidencial de los pacientes, etc. Y en el caso de la educación, fomenta la innovación e investigación para investigaciones avanzadas y creación de startups.
Ante este escenario, resulta imperativo que las administraciones públicas incorporen esta conectividad, la del futuro, mejorando su eficiencia económica, fomentando la innovación y trabajando para reducir la brecha de conocimiento en las nuevas tecnologías.
En este sentido, y con este fin, la colaboración público-privada es fundamental para abrazar el progreso y “explotar” todas las bondades que las redes privadas 5G brindan a las administraciones públicas, facilitando su transformación digital y garantizando la calidad y seguridad de sus servicios, por el bien de toda la sociedad en su conjunto.
