Andalucía impulsa la transparencia de sus organismos públicos
Medir la transparencia de sus organismos es el objetivo que persigue el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y para el que ha puesto en marcha una herramienta de autoevaluación que permite a la administración autonómica y local tasar el grado de cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa.
Concretamente, esta herramienta les permitirá saber si sus páginas web, portales o sedes electrónicas cumplen con las exigencias que marca la normativa y publican la información establecida en la Ley de Transparencia.
Este sistema de autoevaluación, desarrollada a partir de la Metodología de evaluación y seguimiento de la transparencia (Mesta) -creada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno- funciona como una herramienta web que permite cumplimentar un cuestionario de autoevaluación y conocer su resultado, un análisis cualitativo que permitirá comprobar su grado de adecuación a la legislación de transparencia a la vez que identificar áreas de mejora.
Algunos de los indicadores que es posible autoevaluar, por ejemplo, son si un contenido se publica o no, la fecha de actualización, la accesibilidad, la claridad, la comprensión o la reutilización.
A partir de esas respuestas, y a través de unas fórmulas matemáticas, se consigue una información gráfica (mapa de colores) que permite identificar fácilmente aquellos apartados, obligaciones o atributos que pueden ser mejorados.
Información anónima
La herramienta, que ha sido probado ya por el Consejo para sus propias exigencias de publicidad activa, está diseñada para no almacenar ningún dato, de modo que el cuestionario web será totalmente anónimo.
Por tanto, explican desde el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía no existirá ningún tipo de control ni de valoración por parte del Consejo.
El organismo ha elaborado dos primeros modelos, uno dirigido a la administración autonómica de la Junta de Andalucía y otro destinado a la administración local, que servirán de referencia para su adaptación a instituciones públicas específicas, tales como sociedades mercantiles o consorcios, entre otros organismos, que cuentan con sus propias exigencias en esta materia.
Una vez el sistema esté testado y puesto en práctica por parte del sector público autonómico y local, el Consejo trabajará, en una segunda fase, para formar parte de esa evaluación proponiendo correcciones y mejoras a las instituciones.
