EGAP aborda la importancia del uso de la inteligencia artificial en la administración pública
La jurista y catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha, Susana de la Sierra, destacó la importancia del uso de la inteligencia artificial en la Administración pública, manteniendo siempre la decisión en manos de las personas. Lo hizo en el marco de la conferencia «La inteligencia artificial y el control de las Administraciones Públicas» que tuvo lugar hoy en la Escola Galega de Administración Pública (EGAP).
La Escola Galega de Administración Pública (EGAP) destaca la importancia del uso de la inteligencia artificial en la administración pública, manteniendo siempre la decisión en las personas
Esta actividad formativa, en la que participaron más de un centenar de empleados públicos, se enmarca en el ciclo de conferencias «Cuestiones de actualidad en el ámbito de la Administración pública, su organización y su funcionamiento» organizado por la Escuela.
La directora de la EGAP, Sonia Rodríguez-Campos, presentó la conferencia y destacó la importancia de la formación dirigida al personal empleado público en materia de inteligencia artificial, ya que esta tecnología permitirá mejorar el modelo de relación de las Administraciones públicas con la ciudadanía, a través del uso de datos que optimizarán los servicios prestados y la fiabilidad en la toma de decisiones.
Por su parte, la catedrática Susana de la Sierra expuso los diferentes usos y utilidades de la inteligencia artificial en el sector público en los campos de la actividad informativa, transcripción de textos, infracciones e inspección (Tráfico, Agencia Tributaria y Seguridad Social), asignación de recursos o subvenciones, sanidad y procesos selectivos, entre otros.
En su intervención, destacó que el mayor porcentaje del uso de la IA se aplica en el proceso de toma de decisiones y en la elaboración de políticas públicas adecuadas.
“La inteligencia artificial es un instrumento muy útil en la Administración pública, con sus riesgos, pero la decisión tiene que estar siempre en manos de las personas. El ser humano siempre debe llevar las riendas y, además, ser luego responsable de la decisión adoptada”, subrayó.
La jurista también explicó los diferentes tipos de inteligencia artificial: la computacional y la generativa, así como los riesgos de exclusión que puede generar la aplicación de esta tecnología en la actualidad, cuando una persona no tiene acceso a un ordenador o no cuenta con competencias digitales por su edad, entre otros motivos.
Además, Susana de la Sierra analizó el marco normativo actual, el reglamento europeo de la inteligencia artificial, las leyes generales y sectoriales y los sistemas de control externo e interno de su uso, tanto el sistema administrativo de gobernanza como el control judicial y sus necesarias adaptaciones.
La profesora incidió en los aspectos positivos de la digitalización y de la inteligencia artificial, aunque apuntó que existen riesgos. “El Derecho como técnica es un instrumento que permite catalogar los mencionados riesgos, regularlos, establecer límites, todo eso desde la elaboración de las normas hasta la aplicación por los distintos actores”.
En este punto, también señaló la necesidad de un cambio en la organización interna de la Administración. “Es preciso incorporar medidas ambiciosas dentro de las Administraciones públicas para que sean organizaciones más modernas. Con la inteligencia artificial desaparecerán puestos de trabajo, pero se crearán nuevos”. En este sentido, abogó por equipos mixtos, es decir, funcionarios tradicionales que sean capaces de tramitar expedientes y colaboren con los informáticos para la incorporación de los sistemas de inteligencia artificial en las Administraciones públicas.
Asimismo, manifestó que la inteligencia artificial “es una herramienta para abordar las brechas digitales y hacerles frente con el objetivo de facilitar la inclusión social”. En este sentido, según la jurista, el Estado social digital se manifiesta de una manera más intensa y para ello es necesario emprender las políticas públicas necesarias, con un presupuesto adecuado, con el fin de cumplir el marco constitucional vigente.
