AAPP y proveedores, unidos ante el reto de la Compra Pública Innovadora
En la Compra Pública Innovadora hay dos actores condenados a entenderse: proveedores y licitadores. ¿Cómo debe ser la relación que ambos deben mantener? ¿Qué retos implica para cada uno de ellos?
De estos y otros asuntos se habló durante un reciente Webinar llevado a cabo por ByTIC con el patrocinio de T-Systems en el que Carlos Canitrot, jefe de consultoría de AdministracionesTIC, destacó las ventajas y desafíos de la Compra Pública Innovadora (CPI), destacando que la CPI estimula la innovación al fomentar la búsqueda y aplicación de soluciones avanzadas para las necesidades gubernamentales. Además, mencionó la reducción de riesgos al adoptar soluciones innovadoras que ayudan a mitigar la obsolescencia tecnológica.
La competitividad también se presenta como una ventaja, ya que “la implementación de la CPI impulsa la competencia entre proveedores, mejorando las ofertas y fomentando la mejora continua de productos y servicios”. Canitrot subrayó que la eficiencia se ve mejorada al adoptar soluciones innovadoras, optimizando los procesos internos y generando ahorro a largo plazo. “La transparencia en la gestión de fondos públicos también es un beneficio, siempre que la CPI se ejecute adecuadamente”, explicaba. Además, la adquisición de nuevas tecnologías fortalece las capacidades internas de las administraciones públicas, contribuyendo al desarrollo de capacidades para abordar futuros desafíos.
En cuanto a los desafíos, Canitrot identificó la complejidad en la definición de necesidades y requisitos como un obstáculo, ya que “las administraciones deben ser precisas para evitar especificaciones ambiguas. Los procedimientos de contratación también pueden ser complicados debido a leyes y regulaciones específicas, requiriendo adaptaciones que consumen tiempo y esfuerzo”. La limitada capacidad interna y la resistencia cultural al cambio son desafíos adicionales, ya que la falta de habilidades técnicas y la preferencia por lo convencional pueden obstaculizar la adopción de innovaciones.
“La evaluación de riesgos y viabilidad es crucial, ya que la incertidumbre sobre la efectividad a largo plazo y la compatibilidad con sistemas existentes plantea desafíos”, explicaba. Finalmente, las barreras financieras representan un desafío, ya que la implementación de soluciones innovadoras puede conllevar costos adicionales. Canitrot enfatizó que abordar estos desafíos requiere un enfoque estratégico, una planificación cuidadosa y colaboración con diversas partes interesadas para maximizar los beneficios de la CPI en la modernización y avance de los servicios públicos.
CPI, a favor
Iván Aitor Lucas, director general de innovación, investigación y transformación digital en el Gobierno del Principado de Asturias, abogó por la adopción de la Compra Pública Innovadora (CPI) durante su participación. Destacó que, aunque la legislación permite esta opción, la resistencia al cambio y el desconocimiento han sido obstáculos internos para implementarla en el Principado de Asturias. Así, resaltó la necesidad de superar el miedo a lo desconocido y la reticencia a abandonar métodos tradicionales en la administración. Hizo hincapié en la importancia de preguntarse «¿por qué no?» al considerar la CPI, argumentando que para lograr avances, es necesario realizar acciones diferentes. El director general enfatizó la doble finalidad de la CPI: modernizar la administración pública y estimular la innovación en las empresas.
Señaló que la estrategia adoptada en el Principado de Asturias incluye la promoción interna, alentando a las instituciones a perder el miedo a la CPI, y la comunicación externa, advirtiendo a las empresas sobre los retos que se avecinan. Aitor Lucas subrayó la importancia de establecer una estrategia clara de CPI, reconociendo que la implantación de algo no convencional y totalmente innovador puede generar incertidumbre.
Respecto a los desafíos de la CPI, mencionó los tiempos y la necesidad de comprender que no son comparables con los de la compra pública tradicional. Destacó que la innovación requiere tiempo y paciencia, y resaltó la importancia de la transparencia en cada paso del proceso. Cerró su primera intervención destacando la relevancia económica de la CPI, afirmando que destinando un pequeño porcentaje de los fondos asignados a la compra pública tradicional, se podría financiar la innovación de manera más efectiva que con las subvenciones actuales.
Mientras, Alejandra García, responsable de innovación y compra pública en INECO, destacó algunos hitos significativos en proyectos de CPI que ha liderado, resaltando la licitación del proyecto IMAS de imagen molecular de alta sensibilidad, un escáner de cuerpo completo financiado por el Ministerio de Ciencia. Además, mencionó el proceso con la Consellería de vivienda en la Comunidad Valenciana, donde se llevó a cabo la identificación de retos, consulta al mercado y licitación. García compartió su participación en la consulta preliminar al mercado orientada a la misión climática Valencia 2030, que recibió 155 ideas y contribuyó a que Valencia se declarara una de las primeras ciudades «misión» por la Comisión Europea. También señaló su actual involucramiento en la estrategia de contratación y financiamiento con el programa de CPI de la Dirección General de Carreteras, donde se recibieron 555 ideas.
La ponente resaltó su experiencia en proyectos de CPI en diversos ámbitos, desde salud y ciberseguridad hasta movilidad sostenible y medio ambiente. Destacó la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en estos proyectos y cómo han sido clave para abordar diversas necesidades.
García compartió un enfoque metodológico para llevar a cabo procesos exitosos de CPI, destacando las fases de planificación, apertura al ecosistema, identificación de necesidades, consulta preliminar al mercado, gestión y seguimiento, elaboración de licitación, ejecución del contrato, evaluación y despliegue de soluciones innovadoras.
Fomentar la innovación
Laura Martínez, Subdirectora General de Programas de Innovación en la Agencia Valenciana de Innovación, definió la CPI como «un instrumento de política de innovación que potencia el desarrollo de mercados basados en I+D+i a través de la compra de productos y servicios innovadores por parte de las administraciones públicas». Destacó el objetivo de la Agencia de lograr una implantación global de la CPI en la Comunidad Valenciana, tanto desde la perspectiva de la oferta como de la demanda.
La Subdirectora General compartió las ventajas tanto para las administraciones públicas como para las empresas, resaltando la mejora en la innovación, la optimización de procesos y la adaptación. Además, señaló que la CPI fomenta la participación de pymes valencianas en procesos innovadores.
Martínez presentó las acciones promovidas por la Agencia en relación con la CPI, incluyendo una guía práctica de procesos, programas de ayudas con dos líneas específicas, apoyo técnico a entidades públicas y formación especializada. Destacó la importancia de eliminar barreras como el desconocimiento de la innovación.
La Subdirectora General compartió casos de éxito, entre ellos el proyecto de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, que lanzó una CPI para desarrollar un boletín de órdenes e informaciones inteligentes. Martínez concluyó destacando los logros alcanzados desde la creación de la Agencia en 2017, resaltando hitos como la puesta en marcha del servicio de CPI en 2019, la implementación de la guía en 2020 y la realización de cursos de formación desde 2021. También mencionó consultas preliminares al mercado y casos de éxito, como el proyecto de Ferrocarriles.
Mientras, Pablo Gómez de la Parra, Sales and Services Manager de T-Systems, destacó la importancia de la innovación en la contratación pública, subrayando que «la innovación no es una opción, es una necesidad». Resaltó que, a pesar de la rigidez y complejidad de los procesos de contratación pública, esta representa un pilar fundamental que mueve alrededor del 20% del PIB. Señaló que destinar un porcentaje pequeño a la contratación innovadora puede resultar en una inversión significativa en innovación. Gómez de la Parra compartió el dato proporcionado por Iván Aitor Lucas sobre destinar el 2% de la contratación pública a la innovación, lo que, según sus palabras, superaría la inversión total en innovación a través de otras ayudas en España. Explicó que la compra pública innovadora abarca diferentes ramas de contratación según el estado del producto o la idea, permitiendo la adquisición de productos, servicios de innovación o la elaboración de soluciones para la administración.
Además, resaltó la necesidad de replantear los criterios de adjudicación, tanto desde la perspectiva de la administración como de las empresas. En este sentido, mencionó que la compra pública innovadora requiere una adaptación de los criterios de adjudicación para atender soluciones a problemas existentes pero sin productos predefinidos. Desde el punto de vista de las empresas, destacó que la compra pública innovadora es bien recibida, ya que les brinda la oportunidad de presentar ideas y propuestas que, en ocasiones, chocan con la resistencia al cambio o la falta de definición de innovación en el ámbito público.
Finalmente, Pablo Gómez de la Parra enfatizó la importancia de la formación y capacitación en innovación tanto para los funcionarios como para las empresas, buscando superar las barreras y fomentar una comprensión más clara de los procesos y beneficios asociados con la compra pública innovadora.
Motor estratégico
Israel Rodríguez, responsable del Servicio de Contratación, Patrimonio y Servicios Comunes en la Universidad de Almería, destacó la importancia de la compra pública de innovación como un motor estratégico para la evaluación de políticas públicas y la implementación de innovación en la administración y subrayó que la compra pública, que constituye alrededor del 20% del PIB, debe ser un impulsor clave de la innovación. Identificó la financiación como un elemento fundamental y señaló que los presupuestos de las administraciones están vinculados a necesidades y responsabilidades, lo que a veces dificulta la asignación de recursos para iniciativas innovadoras.
También abogó por un cambio de mentalidad y un aumento significativo de la financiación para impulsar la innovación en las administraciones públicas. Destacó que la Ley de Contratos ofrece herramientas que permiten la incorporación de criterios de innovación en distintas fases de los procedimientos, pero señaló que el procedimiento estrella, la Asociación para la Innovación, también conlleva riesgos para las empresas y requiere una financiación considerable.
Rodríguez enfatizó la importancia de distinguir entre los servicios de desarrollo de software a medida y los servicios de innovación propiamente dichos. Criticó la confusión existente en la plataforma de contratos de compra pública de innovación, donde a menudo se encuentran procedimientos que no cumplen con los criterios de compra de innovación real.
En el turno de debates, Laura Martínez destacó la necesidad de «reducir burocracia para acelerar los procesos y potenciar el acceso a pequeñas y medianas empresas” mientras que Iván Aitor Lucas, proveniente del ámbito privado y ahora participando en procesos de licitación, abogó por «formar a los órganos de contratación en lo que significa invertir en innovación», sugiriendo la implementación de cláusulas que premien la innovación en los contratos.
Israel Rodríguez, del Servicio de Contratación en la Universidad de Almería, subrayó la importancia de «una fuente de financiación grande» y abogó por una «ley de contratos específica para la innovación». Además, planteó la idea de procedimientos inversos, como en los concursos de ideas.
En un tono más crítico, Rodríguez también señaló que las consultas con empresas deben realizarse a través de «consultas públicas» para garantizar transparencia y legalidad. Enfatizó la necesidad de cambiar la mentalidad y la normativa existente para incorporar criterios de innovación de manera más efectiva.
Transparencia y flexibilidad
La discusión se centró en encontrar un equilibrio entre la transparencia y la flexibilidad necesaria para fomentar la innovación. La relación fluida entre la administración y los proveedores se destacó como crucial, aunque se enfatizó la importancia de garantizar la legalidad en todo momento. La mesa redonda evidenció la complejidad y desafíos que rodean la contratación pública e innovación, pero también resaltó la urgencia de mejorar y adaptarse a las demandas cambiantes
Por su parte, Alejandra García enfatizó: «La compra pública innovadora cambia el paradigma. Pasamos de pensar en soluciones a profundizar en necesidades no cubiertas, articulando procesos con consultas al mercado».
En el proceso, la Subdirectora General de Programas de Innovación en la Agencia Valenciana de Innovación subrayó la importancia de sentar bases sólidas, identificando necesidades reales antes de la consulta preliminar. Además, resaltó la necesidad de claridad en la regulación de derechos de propiedad intelectual e industrial, mientras que Iván abogó por formar a las empresas en estas complejidades.
Pablo, enfocado en el alto peso del precio, argumentó: «La innovación y el precio están reñidos, ya que la inversión en innovación puede no garantizar un resultado específico». Sugirió evaluar proyectos según criterios más allá del precio, como innovación, responsabilidad social y sostenibilidad.
Israel, aludiendo a la imagen del funcionario, indicó que no bloquean la innovación sino que están limitados por normativas. Destacó la necesidad de revisar procedimientos en caso de fallos y de asegurar una financiación sólida desde el principio.
La mesa concordó en la importancia de trasladar formación a las empresas y reducir el miedo a lo desconocido, fomentando la participación en compras innovadoras. La conclusión fue clara: la administración y las empresas deben trabajar juntas, superando barreras legales y fomentando la innovación para beneficio de la sociedad
