“El sector público tiene que ser el dinamizador de la innovación tecnológica en la inteligencia del dato” Francisco José Fernández Romero, de Cremades & Calvo Sotelo Sevilla
¿Cuáles son las principales oportunidades que hay en la colaboración público privado en lo que a datos se refiere?
En la actualidad, vivimos un gran cambio cultural en ámbito de los datos, ya no es una novedad hablar de las oportunidades que se generan en la colaboración público-privada, sobre todo por su potencial para sustanciar una mejora en la toma de las decisiones en ambos sectores. El mundo privado va más rápido que el público, pensemos por ejemplo en el sector bancario y todos los avances introducidos en los últimos años.
Existe además una secuencia completa a la hora de definir estas oportunidades en el modelo de diseño de la gestión del dato. En esta línea, el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 de España plantea toda una estrategia en materia de administración digital y servicios públicos digitales en el marco de la Agenda España Digital 2025, suponiendo un salto decisivo en la mejora de la eficacia y eficiencia de la Administración Pública, al buscar dar respuesta a los retos de sus principales ámbitos tractores como son el empleo, la justicia y la sanidad.
¿Quién obtiene más beneficios de esta colaboración: la parte pública o la privada? ¿Por qué?
La Administración Pública tiene que construir su propio modelo de buen gobierno de los datos. El sector público para avanzar en la mejora de la gestión a través del dato tiene que pasar de una concepción del dato como activo tecnológico a otra como activo de la planificación de políticas públicas, un gran paso, todavía muy incipiente. Aunque ya se atisban avances.
El sector público para avanzar tiene que conectar la gestión del dato con el procedimiento administrativo de licitación en los casos en que la definición del objeto del contrato necesite concretar objetivos claros y medibles. No obstante, el sistema tan garantista y tasado, deja poco margen para avanzar con rapidez, y a ello se une, además, la necesidad de invertir en herramientas de producción, de revisar el complejo entramado de los puestos de trabajo públicos y la conveniencia de elaborar planes de formación adaptados a las nuevas realidades que van surgiendo. Por ello, solo desde una colaboración público-privada se abren nuevos horizontes para avanzar, pero no hay que olvidar que existe todavía poca conectividad entre las diversas Administraciones, tanto territoriales, como institucionales. Ya que cada una tiene sus propias fuentes de datos, y además al gestor público se le pide una administración abierta, junto a unas contrapartidas de privacidad muy políticas.
En este sector tan trepidante la regulación suele llegar tarde. Por eso, es esencial definir un marco normativo de uso y de intercambio de datos para generar la interoperatividad entre lo público y lo privado.
¿Y para quién tiene más desafíos? ¿Por qué?
El ámbito público y el privado tienen que ir de la mano en este proceso, pensemos en el sector de la movilidad sostenible donde es necesario iniciar el camino de una más eficiente gestión de los datos, comprendiendo que son un activo estratégico para optimizar la toma de decisiones de todos los actores implicados, por ejemplo, en la planificación y ejecución de las nuevas infraestructuras de transporte, así como, en la puesta en marcha de nuevos servicios. Estamos pues ante un claro ejemplo de cogobernanza que tiene que generar una visión intermodal e integrada basada en la gestión de los datos. Sin duda, hace falta un espacio de datos integrado de movilidad en España, que la normativa tiene que propiciar. Necesitamos un mejor aprovechamiento de los datos para conseguir un sistema de transporte más eficiente y sostenible, y en el que la colaboración público-privada por igual es clave.
A veces se critica que en las colaboraciones público privadas, es la parte pública la que asume los costes y la privada quien recoge los beneficios. ¿Esto es así en materia de datos? ¿Por qué? ¿Cómo se puede evitar?
Sin duda, el sector público, que debe regular todos estos procesos, tiene que ser el dinamizador de la innovación tecnológica en la inteligencia del dato, como en su momento lo hicieron en el sector de defensa y en aeroespacial.
La incorporación de sistemas de inteligencia del dato podría optimizar las relaciones del ciudadano, del mismo modo que podría ayudar a gestionar mejor una administración amplia y compleja.
La colaboración público-privada utilizada en la mayoría de las compras públicas de innovación está generando también muchos beneficios entre ellos y un mayor acceso a la contratación pública por parte de las pymes, así como: ayuda a grandes empresas a introducir productos en el mercado; transferencia de los resultados científicos al mercado; estímulo de la inversión extranjera y la colaboración transfronteriza; creación y crecimiento del empleo; reducción del riesgo y la mejora de la calidad y la eficiencia de los servicios públicos. No obstante, todo ello, debe de suscitar un cambio de mentalidad en la administración pública, la planificación de sus políticas y la implicación de todos sus empleados. El principal beneficiado de este cambio tecnológico y estratégico no será ni la empresa, ni la administración, será el ciudadano, que recibe un servicio público más innovador y eficiente.
¿Cómo se puede garantizar la seguridad de los datos por ambas partes?
La normativa europea Gobernanza de Datos (Data Governance Act) no obliga a los organismos del sector público a compartir sus datos, ni tampoco pretende eximirlos de sus obligaciones en materia de confidencialidad, por el contrario, crea una forma segura y fácil de compartirlos, manteniendo en todo momento el control sobre ellos. Gestión pública de los datos. Está habilita a los organismos del sector público a reutilizar determinadas categorías de datos conservados por éstos, aun cuando estén protegidos por: la confidencialidad comercial; la confidencialidad estadística; la protección de los derechos de propiedad intelectual de terceros; y la protección de datos personales.
¿Por qué deben impulsarse estas estrategias de colaboración?
Se hace necesario recorrer ese camino de colaboración público-privada, como un camino de colaboración pública entre administraciones y fundaciones, administraciones y ONGs, administraciones y corporaciones privadas practicando la responsabilidad social.
Los datos que se generan por la interacción del mercado están ahí. Pero tenemos que ir más allá de la lógica del dato desde el punto de vista legal, asumiendo que su desarrollo hasta ahora ha sido concebirlo como un activo tecnológico. Pero ahora nos toca pasar de un activo tecnológico a un activo de negocio, en el caso de las empresas. Y desde el ámbito público pasar de un activo tecnológico a un activo de predicción de decisiones.
Hemos de vertebrar el concepto del dato como un mecanismo de la Gobernanza, esto es, un activo que debidamente planificado te proporciona una mejora en la organización, en el diseño del modelo de negocio, en las estrategias de mercado con tus clientes y abre posibilidades de partenariado en la transferencia del conocimiento, muy especialmente en los modelos de negocio bajo plataformas.
¿Son las estrategias open data una buena manera de aproximarse a estos planteamientos?
En la economía de datos es fundamental la colaboración entre organizaciones; el intercambio de la información crea valor y ayuda a lograr resultados empresariales significativos. Una de las características más interesantes del dato es su capacidad de reciclaje. Ello se hace fundamental en lo que se denomina la Red de Gobierno Abierto, una forma de concebir a la Administración como locomotora de innovación y no solo como reguladora de procedimientos administrativos. Lo que podríamos denominar la gobernanza pública inteligente. Desde hace años, la Unión Europea fomenta la reutilización de los datos generados por las Administraciones Públicas con el fin de explotar al máximo el potencial de los datos que se generan.
Muchos son los beneficios que obtiene la sociedad de la apertura de los datos, entre otros, fomentar tanto la transparencia como la construcción de nuevos modelos de negocio; ayudar a la toma de decisiones; contribuir al aprendizaje de la organización; utilizar la evaluación como instrumento de gestión, suponiendo una transferencia de conocimiento relacionado con la mejora de las políticas públicas; junto al fomento de la cultura de la ética en la tecnología, poniendo el foco en el ciudadano y no en la rentabilidad.
