El rubicón de la mejor relación calidad-precio: la calidad en la contratación (episodio 1)
Vivimos un momento crucial en el que las tecnologías emergentes están impulsando una nueva transformación digital en las administraciones públicas. Este cambio exige repensar los procesos administrativos para reducir la burocracia y optimizar la eficiencia. El éxito de este desafío dependerá, en gran medida, de una colaboración público-privada eficaz.
En este contexto, la contratación pública desempeña un papel estratégico. La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) proporciona los instrumentos necesarios para promover proyectos que prioricen la calidad, la innovación y la sostenibilidad. Aprovechar este marco normativo de manera eficaz será esencial para modernizar los procesos de compra pública y maximizar su impacto positivo en la sociedad.
A pesar del espíritu de la LCSP, no siempre se logran los resultados esperados, y es común experimentar la frustración de que un contrato no haya cumplido con las expectativas. Esta sensación, compartida por administraciones y operadores económicos, me llevó hace años al estudio de la contratación pública. Lo que comenzó como una simple reflexión sobre cómo optimizar la compra de tecnología, se convirtió en un desafío constante: conseguir que cada licitación equilibre la calidad y el precio de forma eficaz.
En este “episodio” vamos a hablar de CALIDAD.
La calidad a través de los criterios cualitativos
La LCSP plantea la calidad como un eje central en las decisiones de adjudicación, y desde su preámbulo fija el objetivo de alcanzar la mejor relación calidad-precio. Para lograrlo, introduce por primera vez la obligación de garantizar que las obras, suministros y servicios contratados sean de gran calidad, reconociendo la importancia de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores.
La definición de “calidad” —“propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”— pone de manifiesto la necesidad de diseñar criterios cualitativos claros y medibles, capaces de reflejar todos los aspectos esenciales que realmente aportan valor a una propuesta. De este modo, se promueve una evaluación rigurosa y transparente, coherente con las necesidades reales de la administración y alineada con los principios de la LCSP. Este planteamiento supone un auténtico cambio de paradigma en la contratación pública.
Sin embargo, en la práctica, definir la calidad es una tarea compleja que enfrenta obstáculos derivados del desconocimiento del marco legal, la falta de tradición en el uso de criterios cualitativos y el carácter subjetivo que con frecuencia acompaña al concepto de calidad, lo que plantea un desafío significativo en la fase de preparación de los contratos. Superar estas dificultades es esencial para que la calidad deje de ser un propósito y se convierta en el verdadero núcleo de la contratación pública.
Introducir criterios cualitativos bien definidos en los pliegos abre la puerta a procedimientos de contratación que fomentan la innovación, la eficiencia y la responsabilidad social. Este enfoque genera un círculo virtuoso en el que las administraciones pueden obtener soluciones más robustas y estratégicas, mientras que los licitadores tienen la oportunidad de diferenciarse, aportando un valor real que va más allá del mero criterio económico.
Criterios cualitativos en la lcsp: más allá del precio
De acuerdo con el artículo 145 de la LCSP, la adjudicación no puede fundamentarse únicamente en la oferta más barata, sino que debe considerar criterios cualitativos que valoren de forma integral las propuestas. En el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), esta perspectiva adquiere gran relevancia, debido a la complejidad técnica y al enfoque estratégico de muchas soluciones.
Entre las dimensiones reconocidas por la LCSP para integrar la calidad en la evaluación, destaca en primer lugar el valor técnico, entendido como la capacidad de la solución para afrontar retos funcionales y tecnológicos, aportando un nivel de eficacia superior al mínimo exigible. Por ejemplo, en un contrato TIC, se valoran la robustez de la arquitectura, la facilidad de mantenimiento o la interoperabilidad con otros sistemas.
Asimismo, la Ley presta atención a la organización, cualificación y experiencia del personal, un factor determinante en proyectos que requieren un alto grado de especialización. Evaluar adecuadamente estos aspectos contribuye a garantizar un desarrollo sólido y orientado al éxito, especialmente cuando la complejidad del proyecto demanda equipos formados y experimentados.
Otro elemento relevante que recoge la LCSP son las características estéticas y funcionales, que cobran sentido cuando la experiencia de los usuarios o el entorno resultan decisivos. En proyectos TIC, por ejemplo, puede tratarse de la usabilidad, la ergonomía o el diseño de interfaces, aspectos que pueden marcar la diferencia en la adopción y el uso eficiente de la solución.
La Ley también contempla la accesibilidad y el diseño universal, claves para asegurar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan beneficiarse de las soluciones tecnológicas. Junto a ello, la innovación juega un papel esencial para fomentar metodologías y herramientas disruptivas que aporten mejoras sustanciales, especialmente en un sector tan dinámico como el tecnológico.
Del mismo modo, el servicio postventa y la asistencia técnica se consideran determinantes en la contratación TIC, donde cualquier interrupción en la operatividad de los sistemas puede generar consecuencias graves. Garantizar un soporte adecuado a lo largo del ciclo de vida de la solución añade un valor tangible al proyecto e incide de manera directa en la continuidad y calidad del servicio.
Finalmente, el texto legal incide en criterios relacionados con la sostenibilidad medioambiental y el impacto social, abarcando desde la eficiencia energética hasta la integración sociolaboral. Con ello, se persigue que los contratos públicos no solo respondan a las necesidades inmediatas, sino que también se orienten a objetivos de mayor alcance, como la reducción de emisiones o la igualdad de oportunidades.
En conjunto, estos criterios buscan no solo satisfacer exigencias funcionales, sino también maximizar el impacto estratégico de las adquisiciones públicas. Con ello, se promueve que los contratos aporten un auténtico valor añadido a largo plazo, alineado con la innovación, la eficiencia y la responsabilidad social. Además, resulta fundamental definir con precisión los indicadores o evidencias que se tendrán en cuenta en la adjudicación, así como mantener la transparencia en la valoración, a fin de garantizar la igualdad de trato y minimizar posibles impugnaciones.
De este modo, la LCSP invita a superar la visión centrada exclusivamente en el precio para dar cabida a soluciones capaces de generar un impacto positivo y sostenible en la administración pública y, por extensión, en la sociedad.
Los límites para la correcta aplicación de los criterios cualitativos
La adopción de criterios cualitativos en la contratación pública tiene un gran potencial para mejorar la calidad de las adjudicaciones, pero su aplicación no puede realizarse de manera arbitraria. La Ley de Contratos del Sector Público, junto con la jurisprudencia derivada de su aplicación, establece una serie de límites fundamentales que garantizan la legalidad, la objetividad y la transparencia en los procesos de adjudicación.
En primer lugar, los criterios cualitativos deben estar vinculados al objeto del contrato, es decir, directamente relacionados con las características del bien o servicio que se pretende adquirir, evitando la inclusión de factores irrelevantes o ajenos. Este principio asegura que los criterios sean pertinentes y contribuyan de manera efectiva a la calidad de la prestación. Aunque esta definición puede parecer restrictiva, la jurisprudencia europea ha ampliado su interpretación. Así, se permite valorar aspectos que, aunque no figuren de manera explícita en la prestación final, impactan significativamente en su ciclo de vida o eficacia. No obstante, esta flexibilidad requiere justificar adecuadamente la inclusión de estos criterios para evitar desviaciones o exigencias desproporcionadas.
Por otro lado, los criterios cualitativos deben formularse respetando las políticas empresariales de los operadores económicos, de manera que no interfieran desproporcionadamente en su organización interna. Establecer condiciones que excedan las necesidades reales del contrato o que limiten injustificadamente la capacidad de los licitadores puede generar barreras de acceso y desincentivar la competencia, comprometiendo los principios de igualdad de trato y libre concurrencia.
Respetar estos límites no solo garantiza que los criterios cualitativos se apliquen de manera objetiva, sino que también refuerza la seguridad jurídica y fomenta la confianza en el sistema de contratación pública. Asimismo, asegura que los procesos de adjudicación se alineen con los principios de eficacia y transparencia, promoviendo la obtención de soluciones de calidad que respondan tanto a las necesidades inmediatas como a los objetivos estratégicos de las administraciones públicas.
Equilibrio entre la calidad y el precio en la adjudicación
La Ley de Contratos establece como principio general que las adjudicaciones deben sustentarse en la mejor relación calidad-precio, pero concede a los órganos de contratación un amplio margen de discrecionalidad para decidir la ponderación de estos factores. Esta flexibilidad permite a las administraciones adoptar estrategias de compra acordes con la naturaleza del bien o servicio que desean adquirir, algo especialmente importante en el ámbito de las TIC, donde los proyectos suelen presentar una alta complejidad técnica y un marcado carácter estratégico.
No obstante, la Ley introduce una excepción fundamental en los contratos de servicios intelectuales, exigiendo que los criterios cualitativos tengan un peso mayoritario, de al menos un 51%. Este requisito se basa en la idea de que, en aquellas prestaciones con un componente notable de especialización y creatividad, la capacidad de innovar, la calidad y la respuesta a futuras necesidades pueden resultar incluso más decisivas que el coste.
En el sector TIC, muchos proyectos comparten la complejidad y la exigencia de adaptarse a un entorno tecnológico cambiante, por lo que este enfoque de los servicios intelectuales puede servir de referencia al valorar la conveniencia de aumentar el peso de los criterios cualitativos. Al conceder mayor relevancia a la calidad, la innovación y la escalabilidad, es más probable que las administraciones obtengan soluciones realmente eficientes y orientadas al futuro.
Conclusión
La calidad en la contratación pública, especialmente en el sector TIC es el núcleo sobre el que deben girar las decisiones de adjudicación. Los criterios cualitativos permiten valorar dimensiones técnicas, sociales y medioambientales que trascienden el mero precio, convirtiendo los contratos públicos en auténticas herramientas para alcanzar objetivos estratégicos.
Para las administraciones, incorporar criterios cualitativos bien definidos significa asegurar que las soluciones contratadas no solo cumplen con los requisitos básicos, sino que también aportan innovación, adaptabilidad y un impacto positivo a largo plazo. Esto les permite responder a las demandas de la ciudadanía de manera más eficiente y responsable.
Por su parte, para los licitadores, la calidad se convierte en una oportunidad para destacar frente a la competencia, demostrando su capacidad para ofrecer soluciones que van más allá del precio. Apostar por propuestas técnicamente sólidas, sostenibles e innovadoras no solo incrementa las posibilidades de adjudicación, sino que también fomenta relaciones de confianza y colaboración con las administraciones públicas.
En definitiva, priorizar la calidad en la contratación pública genera beneficios mutuos: las administraciones obtienen resultados que cumplen con sus objetivos estratégicos y los licitadores refuerzan su posición en un mercado cada vez más competitivo. Este enfoque es, sin duda, el camino hacia una contratación más eficaz, equilibrada y con impacto real en la sociedad.
SPOILER: ¿Por qué persiste el enfoque economicista? ¿Qué está pasando con la valoración del precio? NO te pierdas el próximo episodio.
