La Xunta destaca el papel de la IA en los servicios públicos

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El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago Marcos Almeida Cerreda impartió una conferencia en la Escuela Gallega de Administración Pública (EGAP) con el título Bases para la regulación y la gobernanza de la Inteligencia artificial en el sector público. Esta sesión se encuadra en el ciclo de conferencias sobre novedades legislativas en el ámbito autonómico, organizado por la Escuela.

Marcos Almeida Cerreda es uno de los integrantes de la Comisión de Expertos para el Desarrollo y Uso Ético de la Inteligencia artificial en Galicia. Este organismo, creado por la Xunta en el 2023, está formado por diez personas expertas en diferentes ámbitos, como la economía, la filosofía, la evolución humana, la tecnología aplicada, la ética y normativa o la política pública.

La directora de la EGAP, Sonia Rodríguez-Campos, presentó la conferencia y destacó la importancia de que Galicia vaya a disponer de la primera ley de ámbito regional en Europa sobre el uso de la inteligencia artificial, una norma que garantizará el respeto a los derechos fundamentales de las personas y las vías de supervisión humana en los procedimientos administrativos que empleen esta tecnología.

Además, recordó que los sistemas de la IA ya se emplean actualmente en la Administración Pública para reducir los tiempos y facilitar las tramitaciones por parte de la ciudadanía y del personal empleado público con sistemas como la Plataforma de Automatizaciones de la Xunta de Galicia.

Finalmente, incidió en la destacada transformación que experimentarán las administraciones en los próximos años, tal y como reconoce la Estrategia Gallega de Inteligencia artificial 2030, que prevé que la IA mejorará el modelo de relación de las administraciones con la ciudadanía a través del uso de datos que permitirán optimizar y dotar de mayor calidad, eficiencia y transparencia los servicios públicos prestados y aumentará la fiabilidad en la toma de decisiones.

Por su parte, Marcos Almeida señaló que el empleo de los sistemas de inteligencia artificial asegura una mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos y en la tramitación de los procedimientos administrativos. Además, apuntó que los servicios públicos se nos ofertarán de forma más rápida y con mayor calidad respecto a los estándares actuales y de una forma personalizada.

El profesor de la Universidad de Santiago también destacó que es preciso regular y garantizar que el empleo de los sistemas de la IA por parte del sector público no suponga una merma de los derechos de las personas ni un debilitamiento del Estado de derecho en el mundo digital. En este sentido, puso en valor la futura ley gallega que regulará el uso de la IA, que conllevará la creación de nuevos órganos en el ámbito autonómico como la oficina de inteligencia artificial. Este organismo se encargará de controlar y supervisar cómo se implantan los proyectos de la IA en el sector público en nuestra Comunidad.

Marcos Almeida afirmó que la IA requiere de una correcta regulación, que debe ser flexible, dúctil y con capacidad de adecuación y adaptación, basada en principios jurídicos que orienten, den directrices, interactúen entre ellos, sean vinculantes y con una base legal.

Durante su intervención, Marcos Almeida explicó el catálogo de principios rectores para regular el diseño, adquisición, implementación y el empleo de los sistemas de inteligencia artificial por las entidades del sector público a nivel nacional. Entre ellos, destacó los metaprincipios de legalidad y servicio al interés general, planificación, recurso a los mejores estándares y técnicas disponibles y asequibles, diligencia debida, precaución y rendición de cuentas.

También resaltó la importancia de los principios sistémicos en los que se incluyen los relativos a la ordenación, actividad, control y las garantías frente a los sistemas de inteligencia artificial. En el ámbito de las garantías, citó los principios de reserva de humanidad y revisión humana, seguridad y privacidad y (de) limitación de los impactos negativos.

Por último, Marcos Almeida concluyo que la regulación de la IA debe basarse también en unos principios intersistémicos, que implican la utilización de mecanismos de colaboración entre el sector público, privado y la sociedad civil para conseguir un consenso que beneficie a todos.


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