La importancia de la asociación pública y privada para combatir el criptocrimen
Por Juan Montaner, director de servicios para Chainalysis
Hasta hace unos años, el uso de las criptomonedas se asociaba a determinados delitos cibernéticos. Actualmente no es así. Las criptomonedas están involucradas en casi todo, desde el fraude hasta el tráfico de drogas, pasando por la evasión de sanciones y las amenazas a la seguridad nacional. Además, las criptomonedas se están generalizando cada vez más entre todo tipo de usuarios, y lo estamos viendo en las últimas semanas con cotizaciones muy altas de bitcoin, en un movimiento que se ha denominado ‘el rally’ de Bitcoin.
Muchos sectores de la sociedad se ven afectados por este tipo de delitos relacionados con los criptoactivos. Desde estafas amorosas entre particulares o pagos de rescates que se exigen a empresas para volver a recuperar sus datos, hasta cuestiones de seguridad nacional tan importantes como el blanqueo de capitales, la evasión de sanciones, el tráfico de drogas o incluso la financiación del terrorismo. En ocasiones, muchos de estos grupos criminales aprovechan la liquidez de las criptomonedas para realizar pagos sin necesidad de convertirlas a moneda fiduciaria. Las criptomonedas se han adoptado ampliamente en todo tipo de amenazas y el crimen organizado está utilizando esta tecnología de blockchain para almacenar y transferir valor de forma eficiente y efectiva.
En este sentido, las autoridades tienen un desafío importante. ¿Cómo se pueden aunar esfuerzos para conseguir frenar este tipo de actividades ilícitas? La respuesta está en la formación y la colaboración con entidades privadas, que resulta imprescindible para afrontar una nueva era marcada por la tecnología blockchain. Además, la cadena de bloques es otro gran aliado en esta lucha: la trazabilidad de las criptomonedas permite mostrar una transparencia que las monedas tradicionales no permiten.
Debido a la naturaleza de estos ataques, que se distribuyen a nivel internacional, se necesita un esfuerzo conjunto entre los gobiernos, las fuerzas de seguridad y los proveedores de tecnología -como Chainalysis- para informar y abordar estos ataques de manera transparente. Los gobiernos y las fuerzas de seguridad de más de 50 países en todo el mundo ya están utilizando herramientas y soluciones para identificar las actividades ilegales en el contexto de las criptomonedas.
Estas herramientas de análisis ofrecen la capacidad de detectar y reaccionar con rapidez ante delitos, por lo que las fuerzas de seguridad pueden encontrar los fondos, iniciar la incautación y recopilar información relevante sobre los usuarios y sus cuentas. Un ejemplo es el caso de la Policía Metropolitana de Londres, que interrumpió el servicio de LabHost, que realizaba acciones de Phishing como servicio, gracias a la identificación de direcciones de envío de criptomonedas.
El sector público no puede quedarse atrás en un momento tan importante como este. Muchos factores están empujando su transformación para adaptarse a la nueva era de blockchain. Por un lado, la regulación de este tipo de activos digitales –por ejemplo, la directiva MiCa, aprobada por el Parlamento para la regulación de activos digitales- y por otro,la creciente adopción de criptomonedas por todo tipo de usuarios, que refuerza la madurez del sector. Incluso esta madurez también se ve reflejada en un menor uso de las criptomonedas para llevar a cabo actividades ilícitas. De acuerdo con nuestro informe sobre criptocrimen de 2023 (Crypto Crime Report), las transacciones ilícitas representaron solo el 0,34% del volumen total de transacciones cripto en 2023; frente al 0,42% del año anterior.
En definitiva, confiamos en que los hackeos de criptomonedas sigan disminuyendo a través de la colaboración global y asociaciones público-privadas. La formación y la educación en todas las posibilidades que nos ofrece el blockchain servirá para afrontar una nueva era tecnológica clave para las empresas y las instituciones.
