La innovación en AAPP empieza por la propia Compra Pública de esta materia
Con el objetivo de fomentar la tan necesaria innovación, las administraciones públicas tienen ante sí la posibilidad de acometer políticas de Compra Pública Innovadora (CPI), una estrategia que surge precisamente como respuesta a la necesidad de promover la innovación y estimular el desarrollo tecnológico, al mismo tiempo que se satisfacen las demandas y necesidades de las administraciones públicas.
Tal y como señala Carlos Canitrot, jefe de consultoría de AdminstracionesTIC, “la compra del proceso de innovación surge cuando las AAPP tienen una necesidad que no se encuentra disponible en el mercado, que ponen en conocimiento de ciertas empresas proveedoras y, a partir de la cual, esas empresas desarrollarán productos o servicios, en un periodo de tiempo razonable, con el objetivo de satisfacer la necesidad”.
Bajo el paraguas de CPI se esconde una estrategia para la adquisición de bienes o servicios que no existen en el mercado o que incorporan innovaciones significativas. En lugar de adquirir productos o servicios convencionales, las administraciones públicas buscan soluciones innovadoras que satisfagan sus necesidades específicas.
La Compra Pública Innovadora (CPI) es importante para las administraciones públicas por varias razones. Por un lado, y como su propio nombre ya deja entrever, estas políticas suponen un estímulo a la Innovación, ya que ofrece la oportunidad de desarrollar y comercializar nuevas tecnologías, productos o servicios. Esto contribuye al avance tecnológico y al desarrollo económico, muy especialmente cuando nos referimos a la resolución de problemas específicos. Teniendo en cuenta también los objetivos de la Agenda 2030, muchos de los contratos que se firman bajo este epígrafe de CPI deben responder a la necesidad de generar ahorros a largo plazo, bien sea l mejorando la eficiencia, reduciendo los costes operativos y/o minimizando la necesidad de inversiones futuras.
Además, las CPI facilitan la colaboración entre el sector público y el privado, así como con instituciones académicas y de investigación. Esto crea un entorno propicio para la transferencia de conocimientos y la creación de sinergias y permite el desarrollo de la industria local, fomentando la competitividad empresarial y siendo un motor para la generación de empleo. Es más, dado que las AAPP pueden ofrecer contratos a empresas que desarrollan tecnologías y servicios innovadores, estos organismos pueden ser catalizadores también de una mayor competitividad internacional de las empresas locales.
Algunas ventajas
Preguntado por cuáles serían esas principales ventajas de la CPI, Canitrot señala que entre estos beneficios son:
Abordar nuevas necesidades innovadoras, a través de las ventajas del I+D+i.
Prestación de servicios públicos de mayor calidad, gracias a la captación de productos y servicios innovadores.
Fomentar empresas emergentes e innovadoras, mediante la escucha y la consulta activas en lugar de reactivas.
Desarrollo de capacidades tecnológicas que favorecen la competitividad, como resultado de la CPI.
Evidentemente, la adopción de soluciones innovadoras puede llevar a mejoras significativas en la eficiencia y efectividad de los servicios públicos, optimizando los procesos y proporcionando mejores resultados a los ciudadanos (uno de los principales objetivos de todos los organismos de las administraciones públicas).
Beneficios Sociales y Ambientales: La CPI puede orientarse hacia la consecución de objetivos sociales y medioambientales, promoviendo soluciones que aborden problemas relacionados con la sostenibilidad, la salud o la igualdad.
Pero, ¿cómo deben ser estas estrategias de Compra Pública Innovadora? Lo primero que debemos tener en cuenta es que si la CPI busca estimular la investigación y el desarrollo al proporcionar un mercado para soluciones innovadoras, las empresas pueden recibir incentivos para desarrollar productos o servicios nuevos y avanzados tecnológicamente. Para ello, y además de la consabida colaboración con el sector privado, las administraciones públicas pueden describir sus necesidades y permitir que los proveedores propongan soluciones innovadoras en lugar de establecer requisitos muy detallados en las licitaciones. Eso sí, en estos casos hay que tener en cuenta que este tipo de contratos puede implicar compartir los riesgos asociados con el desarrollo de nuevas tecnologías o servicios entre la administración pública y los proveedores.
De la teoría a la práctica
La implementación de un sistema de Compra Pública Innovadora (CPI) por parte de las administraciones públicas implica un enfoque estratégico y la adopción de ciertos pasos. Para ello, es necesario que se den algunos pasos previos, como analizar las necesidades y desafíos específicos que enfrenta la administración pública para identificar áreas donde las soluciones convencionales no son suficientes. Además, los organismos deben definir las prioridades estratégicas y los objetivos que se buscan lograr con la CPI así como determinar las áreas o proyectos que pueden beneficiarse más de la innovación.
Como siempre, los empleados públicos juegan un destacado papel, por lo que hay que proporcionar formación y sensibilización sobre la CPI a los empleados de la administración pública involucrados en el proceso de adquisiciones y, por supuesto, colaborar estrechamente con empresas privadas, instituciones académicas y centros de investigación para identificar oportunidades de innovación.
Mención aparte merece la redacción de los documentos de licitación que fomenten la presentación de propuestas innovadoras, que también deben facilitar la información sobre los desafíos a resolver, en lugar de imponer soluciones específicas y dejar claro cuáles van a ser los criterios de evaluación que valoren la innovación y la capacidad de las propuestas para abordar las necesidades específicas de la administración.
Evidentemente, la administración debe tener en cuenta contratos que permitan la adaptabilidad a medida que se desarrollan nuevas tecnologías o se refinan soluciones a lo largo del tiempo, lo que también conlleva evaluar y gestionar los riesgos asociados con la adopción de soluciones innovadoras, compartiendo riesgos cuando sea apropiado. Es por ello que resulta fundamental implementar un sistema de seguimiento y evaluación para medir el impacto de las soluciones adoptadas en términos de eficiencia, efectividad y logro de objetivos con los que luego se pueda comunicar y promover los resultados exitosos de la CPI para inspirar a otras organizaciones y fomentar un entorno de innovación continua. Fomentar la participación de una amplia variedad de proveedores para aumentar la competencia y estimular la innovación y asegurarse de que exista un marco legal y financiero que respalde la implementación de la CPI y facilite la colaboración entre el sector público y privado son también otras consideraciones importantes.
Algunos ejemplos
A veces, ver lo que otras administraciones han realizado con anterioridad puede servir de guía o ejemplo antes de acometer un proceso de CPI. Algunos ejemplos de proyectos innovadores realizados son:
- Iluminación Eficiente en Valencia. El Ayuntamiento de Valencia llevó a cabo un proyecto de CPI para mejorar la eficiencia energética mediante la implementación de tecnologías de iluminación más eficientes en espacios públicos.
- Gestión de Residuos en Barcelona: La ciudad de Barcelona implementó un proyecto de CPI para mejorar la gestión de residuos urbanos, buscando soluciones innovadoras para la recogida y clasificación de residuos.
- Movilidad Sostenible en Madrid: El Ayuntamiento de Madrid ha explorado la CPI en el ámbito de la movilidad sostenible, buscando soluciones innovadoras para el transporte público y la movilidad urbana.
- Salud y Tecnologías de la Información en Andalucía: La Junta de Andalucía ha promovido proyectos de CPI en el sector de la salud, incorporando tecnologías de la información para mejorar la eficiencia en la gestión de la atención sanitaria.
- Monitorización Ambiental en Gijón: El Ayuntamiento de Gijón desarrolló un proyecto de CPI para la monitorización ambiental, utilizando tecnologías innovadoras para evaluar la calidad del aire y otros factores medioambientales.
- Eficiencia Energética en Edificios Públicos: Diversas administraciones públicas han explorado la CPI para mejorar la eficiencia energética en edificios públicos, mediante la implementación de soluciones innovadoras en iluminación, climatización y gestión energética.
Estos ejemplos destacan cómo las administraciones públicas en España han utilizado la CPI para abordar una variedad de desafíos, desde la eficiencia energética hasta la movilidad urbana y la gestión de residuos.
Beneficios
La Compra Pública Innovadora (CPI) puede ofrecer varios beneficios significativos para los ciudadanos. El principal sería que, gracias a la implementación de soluciones innovadoras, se puedan mejorar la calidad y eficiencia de los servicios públicos, lo que beneficia directamente a los ciudadanos que utilizan esos servicios. Algo que puede conseguirse al enfocarse en desafíos específicos de la sociedad, por lo que la CPI puede resultar en soluciones que aborden problemas sociales críticos, como la movilidad, la salud, la educación y la sostenibilidad ambiental, como hemos visto en los ejemplos anteriormente mencionados.
Evidentemente, estas soluciones innovadoras a menudo buscan optimizar procesos y mejorar la eficiencia, lo que puede conducir a un ahorro de costos a largo plazo en la prestación de servicios públicos y, sobre todo en aquellos casos más orientados a la sostenibilidad, puede llevar a la implementación de soluciones respetuosas con el medio ambiente, contribuyendo a la mejora de la calidad ambiental en beneficio de la salud de los ciudadanos, repercutiendo también en nuevas oportunidades de empleo, especialmente en sectores relacionados con la tecnología y la investigación y, por tanto, en el fomento del desarrollo y la comercialización de nuevas tecnologías y servicios por parte de empresas locales.
La implementación de soluciones innovadoras a menudo puede involucrar a la comunidad en el proceso de toma de decisiones y en la identificación de problemas y necesidades y, al fomentar un ambiente de innovación continua, las administraciones públicas pueden buscar constantemente mejorar y actualizar los servicios para satisfacer las cambiantes necesidades de la sociedad.
Evidentemente, las políticas de Compra Pública Innovadora (CPI) pueden proporcionar una serie de beneficios y ventajas significativas para las empresas proveedoras de tecnologías, ya que les permite competir por contratos gubernamentales que buscan tecnologías avanzadas y fomentar sus departamentos de I+D, al buscar soluciones innovadoras que cumplan con los requisitos establecidos por las administraciones públicas. De conseguir estos contratos, las empresas pueden aumentar su visibilidad y credibilidad, ya que demuestra su capacidad para desarrollar soluciones avanzadas y satisfacer las necesidades del sector público, lo que les facilita también diferenciarse de la competencia y posicionarse como líderes en el mercado en áreas específicas.
¿Una panacea?
La Compra Pública Innovadora tiene, pese a todas las bondades que hemos ido enumerando, algunos riesgos o inconvenientes que también deben ser tenidos en cuenta. Así, en cuanto a los principales inconvenientes o hándicaps que la compra pública innovadora puede acarrear se encuentran, según Carlos Canitrot podemos enumerar
Incertidumbre de la viabilidad del proyecto al desconocer, a priori, si es factible cumplir con la necesidad planteada en cuanto a rendimiento y eficacia.
Costos iniciales más elevados, principalmente en las fases iniciales puesto que la investigación, el desarrollo y la producción suelen ser más costosos.
Proceso de adquisición más complejo, debido a la falta de estándares o al hecho de que las soluciones planteadas no se ajusten a los procedimientos de compra habituales.
Riesgo de fracaso técnico/comercial, ya que la novedad tecnológica o la falta de validación en el mercado conlleva
Puestas así las cosas, preguntamos a este experto si las CPI son una solución, en parte o en su totalidad, a los retos que tienen las AAPP a la hora de adquirir nuevas tecnologías. “Sí que da solución a buena parte de los problemas de las AAPP porque, como ya hemos citado en la introducción, la CPI permite que se dé resultado a las necesidades que, en un principio, no tienen respuesta. Este procedimiento de contratación se ha pensado para que los organismos públicos, por un lado, demanden soluciones innovadoras y, por otro, para impulsar a la empresa privada a dirigir su actividad a la innovación, actuando como catalizadores de la Investigación y el Desarrollo”, destaca este experto.
Por último, preguntamos cómo debería ser, según Canitrot, el marco idóneo para que las AAPP pudieran adquirir soluciones tecnológicas innovadoras. “Creo en la CPI como un método adecuado para que las AAPP adquieran soluciones tecnológicas innovadoras. Es posible que sea susceptible de mejora en alguno de sus “pasos” pero posiblemente es el procedimiento menos costoso para las AAPP y con mayores probabilidades de éxito de cara a obtener una solución y, además, que sea la mejor solución posible ante la necesidad planteada y para la que, en principio, no hay alternativa”.
