Aragón elabora un nuevo modelo de ciberseguridad en Justicia
La Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón, en el marco del Plan Justicia 2030, está desarrollando un proyecto para convertir a la Administración de Justicia de Aragón en un entorno de alta ciberseguridad.
Para ello, se implantarán una serie de medidas basadas en soluciones zero trust que aseguren un correcto ciclo de vida de aplicaciones, usuarios y equipos del personal de Justicia, así como unos servicios avanzados que refuercen la seguridad en todo el entorno. Para este fin, se prevé una inversión de 1.999.838 euros procedentes de fondos Next Generation EU.
La directora general de Justicia, María Ángeles Júlvez, ha participado en una reunión con los técnicos del Centro Criptológico Nacional, el Servicio de Tecnologías de la Información de Justicia, la Unidad de Seguridad de la Información del Gobierno de Aragón y la entidad pública AST, así como representantes del Comité Técnico Estatal de Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) y del Consejo General del Poder Judicial, donde se ha acordado la planificación y metodología a seguir para el desarrollo e implantación de este proyecto de ciberseguridad en Justicia.
Este nuevo modelo de justicia cuenta con un inversión de 1.999.838 euros procedentes de fondos Next Generation EU
El Centro Criptológico Nacional (CCN) fue creado en el 2004 y se encarga de coordinar la acción de los diferentes organismos de la Administración que utilicen medios o procedimientos de cifra, garantizar la seguridad de las TIC en este ámbito, informar sobre la adquisición coordinada del material criptológico y formar al personal administrativo en esta materia.
En este sentido, María Ángeles Júlvez, ha explicado que “una de las primeras líneas de este ambicioso proyecto de ciberseguridad es la adecuación de los sistemas de la Administración de Justicia en Aragón a los más altos estándares de ciberseguridad del Estado español”.
Además, Júlvez ha apuntado que “Los trabajos que se van a realizar deberán concluir con un modelo que examine y determine e implante las medidas de seguridad y su adecuación a través de una Certificación de Conformidad en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), según los requisitos de seguridad y el perfil de cumplimiento definidos” y ha concluido que “una vez realizada esta certificación, servirá de apoyo al resto de Administraciones en el ámbito de Justicia que deseen replicar el modelo”.
