Euskadi presupuesta para la Administración Digital

El Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno dispondrá en 2027 de 192,4 millones de euros, casi 24 millones más que en el ejercicio anterior. El presupuesto permitirá consolidar la transformación de la Administración con un objetivo: facilitar la vida cotidiana de las personas, mejorar los servicios públicos y reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

El proyecto responde a los tres pilares compartidos por el Gobierno Vasco: fortalecer los servicios públicos, dar respuesta a los problemas reales de las personas e invertir en las transformaciones necesarias para preparar Euskadi para el futuro.

Consolidación de la Transformación de la Administración

La Viceconsejería de Administración Digital y Servicios Generales contará con 140 millones de euros, un 17% más, para consolidar la transformación digital y la modernización de la Administración.

La inteligencia artificial será una palanca estratégica de esta transformación. A través de ArgIA, la plataforma propia de IA del Gobierno Vasco, se ampliará su uso para simplificar procesos, apoyar al personal, mejorar la atención y facilitar la toma de decisiones, siempre bajo supervisión humana.

Para que la ciudadanía pueda relacionarse con la Administración cuándo, dónde y cómo quiera, el portal único DENA y la cartera digital vasca NEU contarán con 1,3 millones de euros. Estas herramientas facilitarán un acceso sencillo y seguro a los servicios, los datos y los expedientes de todas las administraciones.

La atención ciudadana seguirá siendo un pilar de la transformación. Se destinarán 1,5 millones de euros a una atención omnicanal, cercana y personalizada. Además, se invertirán 10,6 millones en adecuar las sedes y los espacios de atención, incluidos el edificio Arca, en Vitoria-Gasteiz, y las oficinas de Zuzenean de Gran Vía 85, en Bilbao.

Esta transformación se apoyará también en infraestructuras resilientes. El presupuesto destinará 12 millones de euros a potenciar la administración electrónica; 26 millones a los sistemas de información que garantizan la continuidad de los servicios; 10 millones a la ciberseguridad; y 9,4 millones a seguir modernizando las comunicaciones de Euskadi a través de Itelazpi.

Nueva era del empleo público: talento y formación como palancas de cambio

Las personas que integran la Administración son esenciales para su transformación. Ante las jubilaciones previstas, el Plan Eki y la nueva era del empleo público buscan incorporar nuevos perfiles y talento, impulsar la formación continua y facilitar la transferencia de conocimiento para garantizar la calidad de los servicios públicos. La Viceconsejería de Empleo Público contará con 31,6 millones de euros para avanzar en estos objetivos.

En 2027 se convocarán nuevas ofertas públicas de empleo estructuradas y procesos selectivos basados en competencias. Para su desarrollo, el presupuesto se incrementa en 2,1 millones de euros. Junto al despliegue del Plan Eki, se impulsarán medidas de prevención y conciliación para mejorar el bienestar del personal.

Fortalecimiento de la calidad democrática y la confianza ciudadana

En 2027 se desarrollará la Ley de Transparencia de Euskadi. La Viceconsejería de Relaciones Institucionales contará con 5,4 millones de euros para avanzar hacia instituciones más abiertas, transparentes, participativas y evaluables.

Las principales actuaciones incluyen la puesta en marcha de GARDENA, Autoridad Vasca de Transparencia; la elaboración del primer Plan de Transparencia del Gobierno Vasco; y el desarrollo del Registro de Grupos de Interés y del Decreto de Grupos de Participación. Asimismo, se pondrán en marcha el sistema de evaluación de políticas públicas y nuevos instrumentos de participación.

El presupuesto permitirá integrar y mejorar los portales de transparencia, participación y acceso a la información. También se elaborará, junto con el resto de las instituciones vascas, una guía común de herramientas de participación ciudadana. El objetivo es que la ciudadanía disponga de más información para ejercer sus derechos, más oportunidades de participar y mayor capacidad de control sobre la actuación pública.