Francisco José. Fernández Romero,
socio-director de Cremades&Calvo-Sotelo Abogados.

¡Atención, tecnólogos! Pymes y micropymes, profesionales autónomos e investigadores universitarios con vocación y/o líneas de trabajo ya iniciadas en tecnologías como las respuestas de voz interactivas, los asistentes virtuales, los chatbots y los sistemas conversacionales inteligentes. Estas tres siglas os interesan y no porque respondan a ninguna novedad tecnológica, sino porque son la puerta para que estas tecnologías lleguen a la gestión pública y los contratos y el dinero público a vuestros proyectos y líneas de investigación.

Así que, oído cocina, y mucha atención a estas tres siglas –CPI- que en realidad tienen un carácter jurídico y son el acrónimo de Compra Pública Innovadora, una fórmula recomendada por las instituciones comunitarias para dos objetivos que quiere hacer converger: por un lado, modernizar la función pública, haciéndola que se beneficie de las tecnologías más innovadora; por otro lado, fomentar la innovación desde el sector público a través de la herramienta más potente para ello: la propia contratación.

Modernizar la Administración

Incentivos, subvenciones, fondos reembolsables, ayudas a fondo perdido… Los gestores públicos saben perfectamente que estas fórmulas son caducas, tienen poco retorno y además están bajo sospecha en comunidades donde ha habido un uso inadecuado de los fondos públicos. Al mismo tiempo, son conscientes del escandaloso abismo que se abre entre el sector público y privado precisamente en las tecnologías que van a protagonizar las grandes transformaciones en las formas de vivir y trabajar de los próximos años.

La utopía no es todo lo que se mueve ya alrededor de la inteligencia del dato, sino que la administración pública pueda seguir funcionando de espaldas a ella. Y la distopía, o sea, la pesadilla, es la dependencia a la que se pueden ver expuestas las administraciones públicas al conocimiento y las capacidades desarrolladas por unas cuantas multinacionales, las cuales son, como ya se advierte en multitud de ensayos que están publicándose sobre el llamado capitalismo de la vigilancia, las que están concentrando todo el conocimiento y capacidades sobre integración de los sistemas de almacenamiento de información e inteligencia de negocio, análisis de datos e incorporación en circuitos de aprendizaje de máquinas.

Basta comparar lo que está sucediendo en este ámbito con lo que ocurrió en otros sectores que fueron claves en la I+D+i en el sector defensa o aeroespacial, por citar solo dos ejemplos, para comprender que nunca había estado el sector público más lejano y ajeno a toda la innovación que ya hoy se está gestando en los ámbitos que ya se sabe con certeza que van a ser claves en el devenir de nuestra sociedad en las próximas décadas.

Y no es que los directivos públicos sean, en su mayoría, poco conscientes de este desfase. Ni tampoco de la necesidad de incorporar la inteligencia de datos a la gestión pública. Muy al contrario, en conversaciones privadas, muchos me han reconocido que la gran dificultad para liderar la acción política y administrativa, así como para coordinar internamente las actuaciones, reside precisamente no tanto en un déficit de la información como en una organización inteligente de esa información, así como en la mejora y agilización de los circuitos para llegar a los actores relevantes. Por ello, conceden, la aplicación y puesta en valor de todas estas nuevas tecnologías para el interés público no es ya solo una necesidad por el riesgo evidente que supone dejar estas capacidades en manos de los grandes gigantes mundiales, sino de la propia optimización de la función pública.

La licitación pública representa nada menos que el 19% del PIB en la Unión Europa

Pero ni los mecanismos tradicionales de subvención son hoy la mejor forma de fomentar la innovación en las empresas del entorno ni tampoco las fórmulas tradicionales de contratación son hoy la mejor forma de incorporar la innovación privada a los servicios públicos. Y es en este escenario en el que emerge la CPI que propone una fórmula alternativa de contratación tecnológica por parte del sector público, partiendo del hecho indiscutible y favorable de que la licitación pública representa nada menos que el 19% del PIB en la Unión Europa. Con estas cifras, resulta pues evidente la capacidad que tienen las administraciones de lograr, a través de sus licitaciones, un enorme impacto en la innovación.

Eso, de otra forma, es lo que pretende la CPI, que cuenta con dos modalidades principales: la Compra Pública Precomercial (CPP) y la Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI). La primera es una contratación de servicios de I+D en la que el comprador público comparte con las empresas los riesgos y beneficios. La segunda, la más usual, consiste en la compra por parte de la Administración de un bien o servicio  que aún no existe pero que puede desarrollarse en un período de tiempo razonable.

Facilitar la innovación a la pyme

La gran ventaja de la CPI es que permite poner a trabajar a las pymes y grupos de investigación del entorno casi en igualdad de posibilidades con las grandes multinacionales, brindándoles un apoyo mucho más efectivo que el de una subvención, pues la CPI compensa una brecha de mercado característica de los sectores de alta tecnología, al permitir que las empresas hagan su apuesta tecnológica sabiendo que cuentan con un cliente que va a asegurar sus ventas. Dicho de otro  modo, proporciona lo más relevante para un proyecto innovador: una experiencia y un cliente garantizados y, por tanto, una posibilidad de promoción para nuevos clientes.

La CPI favorece el acceso de las pymes al mercado de la contratación pública (situándola en el 73% frente al 29% de las contrataciones públicas al uso)

La CPI tiene, pues, la ventaja de tener un impacto especialmente positivo sobre las pymes, con un colchón financiero más escaso para el desarrollo a pulmón de nuevos proyectos tecnológicos. Y sobre todo las acerca a los procesos de contratación pública, de los que se han sentido excluidas: las primeras experiencias demuestran que la CPI favorece el acceso de las pymes al mercado de la contratación pública (situándola en el 73% frente al 29% de las contrataciones públicas al uso).

Por su parte, para la administración, la CPI representa la posibilidad de obtener una mejora y una mayor eficiencia en las infraestructuras y en los servicios públicos y, lo que es tal vez más importante, la posibilidad de impulsar dentro del territorio un sector privado abierto a la colaboración público-privada en condiciones de igualdad e intereses recíprocos y comunes, y no estar sometido a las exigencias e imposiciones de multinacionales con una posición demasiado dominante en el mercado.

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