Cataluña planea reformar su Administración y la mejora de los servicios públicos

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El Gobierno de la Generalitat va a poner en marcha el plan de reforma y transformación de la Administración. El Consell Executiu busca impulsar la estrategia de transformación y mejora de los servicios públicos, que también incluye un plan de choque con medidas de urgente aplicación. La estrategia, impulsada por el Departamento de la Presidencia, contempla un proceso gradual y profundo de transformación y mejora de los servicios públicos, impulsando la renovación de la gestión pública para dar respuesta a las actuales necesidades sociales y económicas.

La Generalitat se plantea una auténtica transformación que sitúe a la ciudadanía en el centro de sus decisiones y avance hacia una Administración capaz de resolver con mayor eficacia y eficiencia los retos planteados. La nueva estrategia institucional abordará cuestiones vinculadas a la simplificación de procesos y organizativa, la racionalización de trámites, la transformación digital y la redefinición del modelo de la función pública.

Para llevar a cabo este cambio de paradigma, se prevé generar un espacio de reflexión colectiva para elaborar propuestas concretas. Así, se creará la Comisión de expertos para la definición de la estrategia de transformación de la Administración de la Generalidad de Cataluña y la mejora de los servicios públicos (CETRA). Se encargará de fomentar un debate participativo con personas expertas en la administración, la gobernanza pública y la transformación digital con el objetivo de plantear propuestas, analizar su impacto y viabilidad y definir la planificación y calendarización para su implementación.

La CETRA estará presidida por Carles Ramió, doctor en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona y con amplia trayectoria en el ámbito de la gestión pública y la reforma administrativa. Habrá 12 vocalías, todas ellas personas de reconocido prestigio en la gestión pública.

La comisión se reunirá mensualmente a fin de presentar en un plazo máximo de diez meses un informe final de propuestas. Actuará sobre los 12 ámbitos prioritarios en torno a los cuales gira la estrategia de transformación del sector público del Gobierno, y se constituirá un grupo de trabajo específico por cada ámbito que estará coordinado por una de las vocalías. Los ámbitos prioritarios son:

  •  La simplificación normativa y de procesos.
  •  El diseño de los servicios públicos desde las necesidades y la mirada de la ciudadanía.
  •  La digitalización integral de la Administración.
  •  Garantizar la atención presencial a la ciudadanía.
  •  La transparencia de la trazabilidad de los trámites y servicios.
  •  La consolidación del empleo público de calidad.
  •  El sector público como generador de actividad económica y colaboración con el sector social, cívico y privado.
  •  La definición de un nuevo modelo de la dirección pública profesional.
  •  La prospección del impacto de la demografía y el cambio climático en la prestación de servicios públicos.
  •  El prestigio institucional.
  •  Una comunicación clara.
  •  Los instrumentos de evaluación de las políticas públicas.

Asimismo, se creará la Comisión Interdepartamental para la implementación de medidas de transformación de la Administración (CIMTA), que emitirá un informe final para la implantación de las propuestas elaboradas por la comisión de expertos. Contará con representantes con cargo directivo de todos los Departamentos de la Administración de la Generalidad, y deberá emitir el informe en un plazo máximo de cuatro meses desde que la comisión de expertos haya finalizado el trabajo y haya entregado el conjunto de propuestas.

Plan de choque con medidas de aplicación inmediata

El acuerdo de Gobierno prevé un segundo eje básico que incluye la puesta en marcha de un plan de choque con medidas de urgente aplicación. Hay un total de 17 acciones que permitirán realizar mejoras a corto plazo en el sector público. Se implementarán en los próximos meses, en paralelo al trabajo de la comisión de expertos.

Entre las más destacadas se encuentran impulsar los cambios legislativos necesarios para garantizar el derecho a la atención presencial sin necesidad de cita previa obligatoria en la prestación de los servicios públicos en cualquier administración y organismo público de Cataluña. Lo que se pretende es mejorar la atención ciudadana presencial y hacerla más eficiente, acercar a la ciudadanía a las administraciones públicas catalanas y luchar contra la brecha digital. Esto se hará de forma compatible al sistema de cita previa, que también se mejorará para hacerlo más eficiente y útil para la ciudadanía y garantizar la atención directa. Por otra parte, otra de las medidas relevantes es la creación de 2.000 plazas de prácticas remuneradas para jóvenes estudiantes para atraer talento del mundo universitario.


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