Cataluña se adhiere a la Declaración de Compostela
Los días 6 y 7 de junio se celebró en Santiago de Compostela, organizado por la Xunta de Galicia, el III Encuentro Autonómico de Compostela. Estos encuentros, que comenzaron en 2022 en Toledo, organizados por la Junta de Castilla y La Mancha, y se celebraron en Barcelona los días 4 y 5 de octubre, organizados por la Generalitat de Cataluña, están diseñados para que los responsables de la contratación pública de las comunidades autónomas compartan sus experiencias y establezcan posiciones comunes.
Esta Declaración ha sido aprobada por unanimidad de todas las CCAA, en el marco de la III AutoDeclaración de Contratación Pública
La conferencia comenzó con la conferencia del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña, Juan José Pernas, sobre los términos y condiciones de la ley de la Unión Europea, basado en el principio de interés general, así como en el principio de derecho público.
La Dirección General de Contratación Pública (DGCP) participó en tres mesas redondas, la primera de las cuales se celebró en la Dirección General de Contratación Pública, el jefe de la Secretaría Técnica de la Junta de Contratación Pública de Cataluña y el Director General Adjunto del Consejo de Contratación Pública de la Generalitat de la Generalitat de la Generalitat de Cataluña, respectivamente, compartieron la colaboración de la Junta de Adquisiciones Públicas del Consejo de Contratación Pública del Consejo de Administración del Consejo de Administración de la Junta Directiva de la Junta Directiva del Consejo de Administración de la Junta Directiva de la Junta Directiva de la Junta Directiva de la Junta Directiva de la Junta Directiva de la Junta de Directores de la Junta de Directores de la Junta de Directores de la Junta Directiva de la Junta Directiva del Consejo de la Junta Directiva del Consejo de la Junta Directiva de la Junta de los Directores de la Junta de la Junta de la Junta de los Directoreses Vigilancia y limpieza, de la Comisión Central de Abastecimiento, con la participación de los empresarios y sindicatos más representativos. En la segunda mesa redonda, sobre la profesionalización de la contratación pública, se presentaron el Gobierno catalán y las comunidades autónomas de Castilla y Aragón, una propuesta transversal para todas las comunidades que estaban interesadas en ella, y la Subdirección General de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública presentó la propuesta del Marco Catalán de la Competencia.
En la última reunión con la participación de la Dirección General de Contratación Pública, con la intervención de la Dirección General de Contratación Pública y Supervisión de la Contratación Pública, se debatieron las diferentes posibilidades de obtención de datos y la necesidad de trabajar los datos para ser fiables y útiles para la mejora de la contratación pública.
El resto de asuntos debatidos en esta conferencia fueron el problema de la contratación de fondos europeos, en el que se destacaron las dificultades de tramitación y coordinación con la Administración del Estado, y la posición común de las comunidades autónomas en las propuestas presentadas en el marco de la Comisión de Cooperación para modificar la Ley de Contratos del Sector Público en asuntos relevantes como la revisión de los precios, o la simplificación y simplificación de los procedimientos.
Finalmente, la reunión concluyó con la aprobación unánime de la Declaración de Compostela, en la que se presentan las siguientes prioridades al Estado:
- Aprobación de las normas que rigen el funcionamiento del Comité de Cooperación, que definen las competencias para proponer, deliberar y adoptar acuerdos, que deben inspirarse en el carácter cooperativo del Comité y, por tanto, colocar a todos sus miembros en un plan de igualdad.
- Modificación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017 de Funcionamiento de la Generalitat de Cataluña, y con la participación de todas las administraciones territoriales, y entendió esta modificación como requisito para la aplicación efectiva del resto de contenidos del Sector Público Nacional.
