Por fin se han desvelado los nombres de las ciudades llamadas a albergar dos de los organismos más relevantes en el futuro de nuestro país: la sede de la Agencia Espacial Española, que se creará finalmente en la ciudad de Sevilla, y la Agencia de Inteligencia Artificial, que acogerá la Coruña.
Una decisión con la que el Gobierno busca ubicar fuera de Madrid las sedes de los organismos públicos de nueva creación y que ha tenido múltiples candidatos.
En el caso de la Agencia Espacial Española se presentaron las localidades de Cabanillas del Campo (Guadalajara), Cebreros (Ávila), Ciudad Real, Elche (Alicante), Estella-Lizarra (Navarra), Huelva, Jerez de la Frontera (Cádiz), L’ Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Las Palmas de Gran Canaria/ Agüimes/San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), Puerto del Rosario (Las Palmas), León, Ourense, Palencia, Puertollano (Ciudad Real), San Javier (Murcia), Isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), Sevilla, Teruel, Tres Cantos (Madrid), Zamudio (Vizcaya) y Yebes (Guadalajara).
Sevilla, infraestructuras y experiencia
Pero ha sido finalmente elegida Sevilla que verá cómo se hace realidad en su ciudad la Agencia Espacial Española en el primer trimestre de 2023, según se establece en la nueva Ley de Ciencia.
Según el Ministerio de Política Territorial, la candidatura de Sevilla, respaldada por la Junta de Andalucía, presenta una excelente sede valorada en 6,7 millones de euros y cedida a la Agencia sin coste alguno por el Ayuntamiento, equipada y acorde a los requisitos con un edificio singular y de uso exclusivo ya disponible y adecuado a la actividad.
Entre otras razones, la elección de Sevilla es que la ciudad cuenta con el Centro de Recursos Empresariales Avanzados (CREA); una buena red de conexiones internacionales aéreas, AVE y terrestres, una amplia y variada oferta hotelera, así como un conjunto sólido de informes de impacto, sinergias y mercado inmobiliario.
“Asimismo, es importante el entorno de investigación y empresarial en el área aeroespacial, así como el necesario entorno socioeconómico y educativo que permita una adaptación adecuada del personal de la Agencia, proponiendo la candidatura un programa de apoyo para la integración y reagrupación familiar del mismo”, apuntan.
Galicia, polo de investigación
En el caso de la Agencia de Inteligencia Artificial, 14 eran los candidatos: dos ciudades gallegas (A Coruña y Ourense), dos andaluzas (Granada y Jerez de la Frontera), dos castellanoleonesas (Salamanca y Segovia), Alicante, Barcelona, Guadalajara, Leganés, Palma, Tenerife y Zaragoza.
Finalmente, la Agencia se ubicará en Galicia, “haciendo de esta región un polo de atracción y retención de talento, de trabajo cualificado, contribuyendo a luchar contra el fenómeno de la despoblación y generando empleo directo e indirecto. Será competente en España para supervisar el desarrollo de un ecosistema respetuoso y garantista en el uso de esta tecnología y potenciará el ecosistema de investigación, empresarial y social relacionado con este ámbito”.
Como explican desde el Gobierno la elección de Galicia se ha tomado “valorando que los centros de investigación de las universidades gallegas han puesto en marcha proyectos de carácter internacional, posicionando a Galicia a la vanguardia de la investigación en materia de Inteligencia Artificial. También por la fuerte relación entre investigación y empresa, basada en la presencia de empresas tractoras que incorporan la Inteligencia Artificial a sus procesos productivos Además, se ha tenido en cuenta que la ubicación de la Agencia en Galicia puede generar un mayor impulso a la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, favoreciendo una mayor y mejor cooperación transfronteriza, permitiendo la creación de un hub de talento ibérico para atraer y retener talento investigador en Inteligencia Artificial”.
Además, con esta iniciativa, destacan “España se convierte en el primer país de la Unión Europea con una Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, anteponiéndose a la entrada en vigor del futuro Reglamento europeo, que establece la necesidad de que los Estados miembros cuenten con una autoridad supervisora en esta materia”.
