El ICAP aborda los retos jurídicos y operativos del uso de drones en la Administración Pública
El encuentro, organizado por el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) y la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, se desarrolló de forma presencial en las aulas del ICAP y también en modalidad online, y ha ofrecido una visión práctica sobre los requisitos necesarios para crear, organizar, regularizar y operar una unidad UAS de forma segura, trazable y con la adecuada cobertura jurídica.
El Gobierno de Canarias celebra una jornada técnica dirigida al personal de las Administraciones Públicas para abordar los principales aspectos relacionados con la implantación y funcionamiento de unidades de aeronaves no tripuladas (UAS o drones) en los servicios públicos.
La incorporación de aeronaves no tripuladas ofrece nuevas capacidades para ámbitos como la seguridad, las emergencias, la protección civil, la inspección y la gestión de servicios municipales. Sin embargo, la puesta en marcha de estas unidades requiere abordar aspectos que van más allá de la adquisición de aeronaves y la formación de pilotos, como la organización, la cobertura jurídica, los procedimientos operativos, la formación y competencia del personal, el mantenimiento, la gestión documental, la seguridad operacional y la trazabilidad.
Un servicio público moderno, seguro y eficaz
El director del Instituto Canario de Administración Pública, Gustavo Pérez, destaca que la formación de los empleados públicos debe estar vinculada a los nuevos retos que plantea la gestión de los servicios públicos y aportar herramientas que puedan trasladarse directamente al trabajo diario.
“La incorporación de nuevas tecnologías a la Administración exige también que nuestros profesionales conozcan sus posibilidades, pero, sobre todo, las responsabilidades y los procedimientos asociados a su utilización. Esta jornada nace con una vocación eminentemente práctica, para que las Administraciones puedan disponer de unidades UAS correctamente organizadas, con personal formado y con todas las garantías necesarias para prestar un servicio público seguro y eficaz”, señala Pérez.
El programa comenzaba con una apertura institucional en la que se abordaba la evolución de las capacidades UAS en los servicios públicos, sus principales ámbitos de aplicación y los retos actuales asociados a la implantación de estas unidades.
El primer bloque analizaba el régimen No EASA, sus obligaciones y responsabilidades, con especial atención a las condiciones que determinan el régimen aplicable a las operaciones UAS desarrolladas por las Administraciones Públicas. También se estudiarán las diferencias entre las operaciones sujetas al régimen EASA y las actividades excluidas, las obligaciones de las organizaciones públicas y las responsabilidades cuando una operación se realiza mediante un operador externo.
A continuación, el bloque ‘De comprar un dron a tener una capacidad UAS’ abordaba la creación de estas unidades como un proceso de implantación organizativa y no como una simple adquisición de medios tecnológicos. Se trataron cuestiones como la identificación de necesidades y capacidades, las misiones y servicios a cubrir, la organización de la unidad, los roles y responsabilidades, la selección de aeronaves, la formación del personal, los procedimientos operativos y el mantenimiento de los equipos.
Respaldo jurídico de las UAS
La jornada continuaba con un bloque dedicado a la documentación, trazabilidad y responsabilidad, que analiza la gestión documental como elemento de seguridad operacional y respaldo jurídico de la Administración. A través de un caso práctico se estudiaba qué documentación puede presentar una Administración ante un accidente o daño a terceros y qué consecuencias puede tener no disponer de una adecuada trazabilidad documental.
Otro de los contenidos centrales fue la gestión de dos áreas críticas: la protección de datos y la captación de imágenes, y el espacio aéreo y la coordinación operacional. En este apartado se analizaron, entre otras cuestiones, el tratamiento de imágenes obtenidas mediante UAS, la base jurídica y finalidad del tratamiento, las zonas geográficas UAS, el espacio aéreo controlado y los procedimientos de coordinación operacional, con especial atención a las particularidades de Canarias.
El programa incluía además una simulación de una operación real, desde el aviso y la activación hasta la planificación, coordinación, briefing, operación, gestión de contingencias, finalización y registro. El ejercicio permitió aplicar los contenidos anteriores a distintos escenarios, entre ellos seguridad y Policía, emergencias y protección civil, búsqueda y localización, incendios, grandes eventos e inspección y servicios públicos.
La jornada finalizaba con una mesa redonda bajo el título ‘¿Está preparada su Administración para operar UAS?’, en la que se analizaron las principales dificultades para implantar estas unidades, los errores más frecuentes, la revisión o regularización de unidades existentes, la formación del personal y la coordinación entre departamentos y Administraciones.
La jornada parte de una idea central: la profesionalización de una capacidad UAS no depende únicamente de la aeronave utilizada, sino de la organización, la formación, los procedimientos, la seguridad operacional y el control que existen detrás de ella.
