¿Cuál será el impacto de la IA en los empleados públicos?
La inteligencia artificial (IA) está dejando de ser una promesa abstracta para convertirse en una herramienta transformadora en la administración pública española. Es más, los empleados públicos se muestran convencidos de que su implantación puede tener un impacto positivo en su día a día, aunque no creen que pueda reemplazarles en su quehaceres diarios.
Así al menos se desprende del informe “El impacto de la IA en el sector público español”, el último estudio elaborado por EsadeEcPol en colaboración con Google y Implement Consulting Group. Publicado en mayo de 2025, es una radiografía con detalle el grado de implantación, los retos y las oportunidades que la IA generativa ofrece a los servicios públicos en España, en un momento en el que la presión sobre el sector público no deja de crecer y la demanda ciudadana de servicios más ágiles y personalizados es cada vez mayor.
El potencial de la IA: una palanca para la transformación
La IA, especialmente en su vertiente generativa, se perfila como una palanca clave para abordar los retos estructurales de la administración española: desde la reducción de la carga burocrática hasta la mejora de la interacción con la ciudadanía, pasando por la optimización de la contratación pública y el apoyo a la toma de decisiones basadas en datos. El informe estima que, con una adopción generalizada, la productividad media por trabajador en la administración pública podría incrementarse hasta un 9% en la próxima década, lo que se traduciría en 7.000 millones de euros anuales de valor añadido bruto adicional.
Este impacto potencial no es homogéneo. El análisis de tareas realizado sobre los 1,44 millones de empleados públicos revela que para el 67% de ellos, la IA podría mejorar entre el 10% y el 50% de sus tareas diarias, mientras que para el 9% el potencial es aún mayor, superando la mitad de sus funciones. Solo el 24% de los puestos, principalmente aquellos centrados en tareas manuales o interpersonales, presentan un potencial bajo de automatización o mejora mediante IA.
Una administración con mucho que ganar
El informe subraya que la administración pública española, caracterizada por un alto volumen de tareas textuales, procesos rutinarios y una complejidad analítica significativa, es especialmente susceptible de beneficiarse de la IA generativa. La automatización de la creación de textos, la síntesis de información y el análisis de grandes volúmenes de datos son campos donde la IA ya está demostrando su utilidad, liberando tiempo de los empleados públicos para que puedan centrarse en tareas de mayor valor añadido.
La burocracia excesiva, la legislación compleja y las interacciones poco eficientes con la ciudadanía son los grandes cuellos de botella identificados. Ejemplos como los 12 meses de espera para una licencia de obra mayor en Madrid, o los 39 a 55 días necesarios para registrar una empresa, ilustran la magnitud del desafío. Además, la complejidad normativa se traduce en una menor adopción de políticas de apoyo social: el ingreso mínimo vital llega a menos del 40% de los potenciales beneficiarios y el bono social eléctrico a menos del 25%.
Casos de uso y experiencias internacionales
España no parte de cero. El estudio recoge numerosos casos de uso en marcha tanto a nivel nacional como autonómico y local, en línea con las tendencias observadas en otros países europeos. La IA ya está ayudando a racionalizar la contratación pública, mejorar la interfaz ciudadano-administración, apoyar la elaboración y aplicación de políticas, y fortalecer el control y la detección del fraude.
En la contratación pública, por ejemplo, la start-up española Tendios utiliza IA para buscar y filtrar licitaciones, generar contratos y comprobar el cumplimiento normativo, reduciendo el tiempo de tramitación hasta en un 80%. Red.es, a través del programa Kit Consulting, ha lanzado una plataforma de IA para verificar documentos y detectar plagios, capaz de revisar 45.000 documentos y realizar hasta 1.000 millones de comparaciones entre ellos.
En el ámbito de la atención ciudadana, el asistente virtual de la Seguridad Social (ISSA) ha gestionado más de dos millones de interacciones en su primer mes, facilitando el acceso a información y trámites básicos. En aeropuertos, el chatbot «Oli» de Aena responde en ocho idiomas y mejora la experiencia del pasajero, mientras que en la Generalitat Valenciana, la IA agiliza la tramitación de ayudas al alquiler verificando automáticamente contratos y nóminas.
La IA también está ayudando a combatir el fraude y mejorar la transparencia. La Agencia Tributaria Española (AEAT) incorpora herramientas de IA para agilizar el cumplimiento fiscal y reducir errores, y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha desarrollado «BRAVA», un algoritmo que detecta prácticas anticompetitivas en licitaciones públicas.
Educación y sanidad: dos laboratorios de innovación
El informe dedica especial atención a la aplicación de la IA en la educación y la sanidad, dos sectores que concentran una parte sustancial del empleo público y donde la presión asistencial y la diversidad de necesidades son especialmente acusadas.
En educación, herramientas como «Hipatia» y «Preduca» en Andalucía permiten anticipar necesidades de profesorado y personalizar itinerarios educativos, mientras que programas como «Eskola Adimentsua» en el País Vasco apuestan por la formación docente en competencias digitales avanzadas. La IA permite a los profesores ahorrar hasta un día de trabajo semanal en tareas administrativas y dedicar más tiempo a la atención individualizada de los alumnos.
En sanidad, la automatización de procesos administrativos podría liberar el equivalente a 10,7 millones de consultas en atención primaria, reduciendo la carga hasta un 7%. Soluciones como el asistente virtual «Lola», adoptado por varias comunidades autónomas, automatizan el seguimiento clínico de pacientes crónicos y devuelven tiempo a los profesionales. El Hospital La Fe de Valencia utiliza IA para predecir picos de hospitalización en urgencias, optimizando la asignación de recursos y reduciendo los tiempos de espera.
La atención a personas mayores también se está beneficiando de la IA. El robot «ARI» en Barcelona y el asistente virtual «Paloma» en Madrid ofrecen apoyo personalizado, seguimiento de bienestar y detección de urgencias, contribuyendo a combatir la soledad no deseada y mejorar la calidad de vida de los mayores.
La percepción de los empleados públicos: optimismo y cautela
Uno de los elementos más reveladores del estudio es la encuesta realizada a 333 empleados públicos en activo. El 74% considera que la IA tendrá un impacto positivo en el sector público y el 67% espera que cambie de manera sustancial su funcionamiento. Más de la mitad (54%) ya utiliza herramientas de IA, sobre todo para analizar datos, resumir y traducir documentos, y la mayoría valora positivamente su experiencia.
Sin embargo, solo el 6% cree que la IA ya podría sustituir su puesto de trabajo. La mayoría espera que la IA les permita formarse (88%) y liberar tiempo para tareas de mayor valor (82%). Nueve de cada diez consideran fundamental que el sector público se mantenga al día en materia tecnológica, pero casi el 60% opina que su institución no está preparada para integrar la IA en sus operaciones cotidianas.
Las principales barreras identificadas son la seguridad, la fiabilidad de las herramientas y las trabas legales. A pesar de ello, la confianza en la ética y la privacidad de la IA es relativamente alta, especialmente entre los cargos directivos, lo que sienta una base sólida para avanzar en la gobernanza y la adopción responsable de estas tecnologías.
Gobernanza, infraestructuras y competencias: los tres pilares para el futuro
El estudio insiste en que para aprovechar plenamente el potencial de la IA en el sector público es imprescindible avanzar en tres frentes: gobernanza, infraestructuras y competencias.
En materia de gobernanza, se subraya la necesidad de marcos claros y predecibles que permitan la innovación desde abajo, es decir, que los propios empleados públicos puedan experimentar y compartir buenas prácticas. «La existencia de marcos regulatorios complejos podría obstaculizar la innovación y tener efectos secundarios negativos en el crecimiento económico», advierte el informe. La privacidad, la seguridad de los datos y la transparencia en los algoritmos son preocupaciones centrales, pero no deben convertirse en frenos a la experimentación controlada y la adopción progresiva de la IA.
En cuanto a infraestructuras, el retraso de España en la adopción de la nube pública es una de las principales debilidades detectadas. Las infraestructuras en la nube son esenciales para desplegar la IA a escala, garantizando rapidez, escalabilidad y cumplimiento normativo. El informe señala la importancia de mantener la flexibilidad en la elección de proveedores tecnológicos y evitar la dependencia de soluciones cerradas, así como la necesidad de que los contratos públicos preserven la capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos.
El tercer pilar es el desarrollo de competencias. Aunque la IA generativa presenta una barrera de entrada baja, lo que facilita su adopción por parte de empleados con distintos niveles de formación, el auge de herramientas más avanzadas requerirá formación específica y un refuerzo de los perfiles STEM en la administración. El envejecimiento de la plantilla y la brecha generacional en el uso de tecnologías avanzadas son retos que deben abordarse de manera prioritaria.
Un ecosistema en construcción: estrategias y normativas
La implantación de la IA en la administración pública española se enmarca en un ecosistema normativo y estratégico cada vez más sofisticado. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, España Digital 2026 y la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 son los grandes instrumentos nacionales que canalizan la inversión y la orientación política, con el objetivo de modernizar la administración, racionalizar procesos y mejorar la atención ciudadana.
A nivel autonómico, seis comunidades cuentan ya con estrategias específicas de IA, y otras siete han integrado la IA en sus planes de digitalización. Destaca la Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial 2030, que dedica un eje específico a la administración pública y promueve la formación, la transparencia y la replicabilidad de los casos de uso. Galicia ha aprobado la primera ley autonómica de IA en Europa, que exige la supervisión humana de los sistemas de IA y la transparencia en los algoritmos utilizados por la Xunta.
La entrada en vigor de la Ley de Inteligencia Artificial de la UE y el desarrollo de una normativa nacional específica a partir de marzo de 2025 añaden una capa adicional de exigencia y coordinación, con el objetivo de garantizar la transparencia, la equidad y la rendición de cuentas en el uso de la IA en los servicios públicos.
Innovación desde abajo: el valor de la experimentación
El informe destaca la importancia de fomentar la innovación desde abajo, permitiendo que los propios empleados públicos identifiquen necesidades y experimenten con soluciones de IA en sus tareas cotidianas. «Los enfoques excesivamente dirigidos desde arriba que no permiten la experimentación descentralizada ignorarán el aprendizaje fundamental y específico de los usuarios expertos en cientos de pequeñas tareas cotidianas», señala el estudio.
En este sentido, iniciativas como el GobTechLab, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, la Agencia Digital de Andalucía o la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid están impulsando laboratorios de innovación, incubadoras de casos de uso y redes de delegados digitales para identificar y escalar buenas prácticas.
Este enfoque experimental permite construir una cartera equilibrada de proyectos piloto, desde soluciones de eficiencia interna fácilmente replicables hasta aplicaciones más complejas y ambiciosas que requieren una maduración tecnológica progresiva.
Conclusiones abiertas: una oportunidad histórica
La implantación de la IA en la administración pública española se encuentra en una fase temprana pero decisiva. El potencial de transformación es enorme, tanto en términos de eficiencia y calidad del servicio como de personalización y accesibilidad para la ciudadanía. Sin embargo, el camino no está exento de retos: la actualización de infraestructuras, la formación de los empleados, la gobernanza responsable y la coordinación normativa son condiciones necesarias para que la IA se convierta en una aliada y no en una fuente de nuevas desigualdades o riesgos.
El estudio deja claro que la administración pública española está bien posicionada para liderar este proceso, gracias a su alto nivel de formación, la existencia de estrategias y marcos normativos avanzados y una creciente cultura de innovación. Pero también advierte que la velocidad y la calidad de la adopción dependerán de la capacidad de experimentar, aprender y compartir conocimiento desde todos los niveles de la organización.
Como señala el informe, «invertir en infraestructuras tecnológicas actualizadas, empezando por construir capacidades sólidas de computación en la ‘nube pública’, y el desarrollo de competencias también deberían ser parte de las prioridades». La IA no es una solución mágica, pero sí una oportunidad histórica para reinventar el sector público y responder a las expectativas de una sociedad cada vez más digital y exigente.
Principales conclusiones
– La inteligencia artificial tiene un enorme potencial para transformar la prestación de servicios públicos en España, abordando retos urgentes como la burocracia excesiva y mejorando la interacción con la ciudadanía.
– Dos tercios de los empleados públicos podrían ver mejoradas entre el 10% y el 50% de sus tareas diarias gracias a la IA generativa, mientras que para el 9% el potencial de mejora supera la mitad de sus funciones.
– La adopción generalizada de la IA generativa podría aumentar la productividad media por trabajador en la administración pública hasta un 9% en diez años, lo que supondría unos 7.000 millones de euros anuales de valor añadido bruto adicional.
– Los casos de uso más prometedores para la IA en el sector público son la reducción de la carga burocrática, la mejora de la interacción ciudadano-administración, la racionalización de la contratación pública, el apoyo a la toma de decisiones y la aportación de datos para la elaboración de políticas.
– El 74% de los empleados públicos cree que la IA tendrá un impacto positivo en el sector y el 67% espera que cambie de manera sustancial su funcionamiento; sin embargo, casi el 60% considera que su institución aún no está preparada para integrar la IA en sus operaciones cotidianas.
– La mayoría de los trabajadores públicos ya utiliza la IA, principalmente para análisis de datos, resúmenes y traducciones de documentos, y valora positivamente su experiencia con estas herramientas.
– Para aprovechar plenamente el potencial de la IA, es imprescindible una gobernanza clara y predecible, invertir en infraestructuras tecnológicas actualizadas (especialmente en la nube pública) y desarrollar competencias digitales entre los empleados públicos.
– El enfoque más eficaz para la implantación de la IA es permitir la innovación ascendente y la experimentación desde abajo, aprovechando el conocimiento de los propios trabajadores de la administración.
– La administración pública española cuenta con una base sólida para liderar la transformación digital, pero la velocidad y el éxito de la adopción de la IA dependerán de la capacidad de experimentar, aprender y compartir conocimiento en todos los niveles de la organización.
– La IA no es una solución mágica, pero sí una oportunidad histórica para reinventar el sector público y responder a las expectativas de una sociedad cada vez más digital y exigente.
