Cataluña aprueba el Código ético y de conducta en la contratación pública
El Govern ha dado luz verde a dos iniciativas que afectan al ámbito de la contratación pública en Catalunya. En primer lugar, se sustituye el actual Código de principios y conductas recomendables en la contratación vigente desde el año 2014 por el nuevo Código ético y de conducta en la contratación pública, que se adapta a la normativa aprobada en esta materia durante los últimos años. Y, en segundo lugar, se crea la Comisión de Ética en la Compra Pública, que releva a la antigua Comisión de Ética en la Contratación Pública y se modifica su composición.
Se crea la Comisión de Ética en la Compra Pública, que incorpora dentro de su organigrama a representantes del mundo local
El nuevo Código aprobado amplía y adapta los principios y valores éticos en la compra pública y los actualiza de acuerdo con el nuevo marco legal, unificando en un único apartado las conductas y las buenas prácticas y amplía su abanico. También se incorpora un capítulo específico sobre normas de cumplimiento del Código y sobre el sistema de garantías, constituido por dos canales distintos a los que dirigir consultas, quejas o alertas en materia de contratación pública, y se aprueban modelos normalizados de declaración de ausencia de conflictos de interés.
Por lo que respecta a la Comisión de Ética, aparte de adaptarse a la nueva estructura departamental también se introducen cambios en su composición con la incorporación de dos personas representantes de las entidades municipalistas, la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y la Federación Catalana de Municipios (FCM). Entre sus funciones destaca, por ejemplo, realizar el seguimiento de la aplicación del Código ético por parte de los diferentes órganos contratantes en el ámbito de la Generalitat y su sector público; proponer modificaciones del Código para adecuarlo a los nuevos requisitos éticos y sociales; determinar si existe un conflicto de intereses durante la tramitación o ejecución de un contrato; la posibilidad de actuar de oficio frente a presuntas malas praxis o de informar o resolver alertas en materia de ética a petición del órgano gestor del Sistema Interno de Alertas. Este sistema permite a cualquier ciudadano comunicar una situación que pueda comportar un supuesto incumplimiento de la ética contractual tanto por parte de la Generalitat como de los entes locales.
