Las AAPP invierten cada vez más en tecnologías de la información y las comunicaciones
La inversión de las administraciones públicas españolas en tecnologías de la información y las comunicaciones creció en 2024 hasta los 8.328 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 12,4 por ciento y consolida la tendencia al alza registrada en ejercicios anteriores.
Según un estudio de PwC, especialmente desde la pandemia las administraciones públicas españolas cada vez invierten más en tecnologías de la información y las comunicaciones
Esta evolución sitúa el esfuerzo inversor por encima de los niveles previos a la pandemia y refuerza el papel de la digitalización como uno de los ejes de modernización de los servicios públicos en España.
Según el estudio “Las TIC en las Administraciones Públicas españolas 2024”, elaborado por PwC y financiado por la compañía especializada en servicios y soluciones TIC Naonis, el aumento de la inversión se ha producido tanto en la Administración General del Estado como en las comunidades autónomas y las entidades locales, aunque con ritmos y focos diferentes. En el conjunto de las administraciones, el gasto medio por empleado público en tecnologías de la información y las comunicaciones se situó en 6.220 euros al año, un 11,5 por ciento más que en 2023, mientras que el gasto medio por ciudadano alcanzó los 176 euros, un 12,1 por ciento más que en el ejercicio anterior.
El informe señala que la Administración General del Estado concentró el 34 por ciento del total de la inversión, las comunidades autónomas el 41 por ciento y las entidades locales el 25 por ciento, manteniendo un reparto similar al de años anteriores pero con ligeros ajustes en función de la ejecución de proyectos concretos y del calendario de los fondos europeos. La Administración General del Estado incrementó su presupuesto TIC un 9,1 por ciento, hasta los 2.803 millones de euros, impulsada por proyectos de modernización de infraestructuras, refuerzo de la ciberseguridad y desarrollo de servicios digitales orientados tanto a la ciudadanía como a empresas.
En el ámbito autonómico, la inversión creció un 13 por ciento y alcanzó los 3.415 millones de euros, con un peso relevante de las iniciativas ligadas a la sanidad, la educación y los servicios sociales, así como a la consolidación de plataformas de administración electrónica y analítica de datos. El estudio destaca que varias comunidades han reforzado sus programas de historia clínica electrónica, receta electrónica e interoperabilidad de sistemas sanitarios, así como proyectos de gestión educativa y tramitación electrónica, que concentran una proporción significativa del presupuesto TIC regional.
Las entidades locales incrementaron su inversión un 15,3 por ciento, hasta los 2.110 millones de euros, un crecimiento que el informe relaciona con la consolidación de proyectos de ciudad inteligente, plataformas de administración electrónica y sistemas de gestión interna. En este nivel de la administración, la modernización de los servicios de atención ciudadana, la mejora de los sistemas de gestión tributaria y la implantación de soluciones de sensorización y monitorización urbana han sido algunos de los impulsores del gasto.
Destino final
En cuanto a las áreas de destino del presupuesto, el estudio indica que la mayor parte de la inversión se dirigió a servicios de infraestructuras (centros de datos, redes, comunicaciones y puestos de trabajo), que representaron el 39 por ciento del total, seguidos del desarrollo y mantenimiento de aplicaciones (34 por ciento) y de los servicios de consultoría y apoyo (27 por ciento).
En términos de crecimiento, las partidas que más aumentaron fueron las relacionadas con la ciberseguridad, el despliegue de servicios en la nube y la modernización del puesto de trabajo digital, en línea con las prioridades marcadas por las estrategias de transformación digital de las diferentes administraciones.
El documento apunta a que la adopción de servicios en la nube continúa avanzando, aunque con ritmos diferentes según el nivel de administración y el tipo de organismo. En la Administración General del Estado, se observa una mayor concentración de proyectos de consolidación de centros de datos y de migración progresiva de determinadas cargas a entornos cloud, mientras que en comunidades autónomas y entidades locales conviven modelos más híbridos, condicionados por la madurez de las infraestructuras existentes, los requisitos normativos y la disponibilidad de capacidades internas.
La ciberseguridad se consolida como uno de los ámbitos de mayor dinamismo dentro de la inversión TIC pública, tanto por el incremento de los requisitos regulatorios como por la evolución de las amenazas y la criticidad de los servicios que prestan las administraciones. El estudio subraya el esfuerzo realizado en la implantación de centros de operaciones de seguridad, soluciones de monitorización, refuerzo de la autenticación y protección de datos, así como programas de concienciación y formación del personal.
Otro de los ejes destacados es la analítica avanzada de datos, que gana peso como herramienta para la planificación, la toma de decisiones y la evaluación de políticas públicas. El informe refleja que un número creciente de organismos está impulsando proyectos de explotación de datos, cuadros de mando y uso de técnicas de inteligencia artificial para mejorar la gestión y la prestación de servicios, aunque también señala que la madurez de estas iniciativas es desigual y que persisten desafíos relacionados con la calidad, la gobernanza y la interoperabilidad de la información.
El estudio de PwC y Naonis incluye la visión de responsables públicos de tecnología e innovación, que identifican como prioridades para los próximos años la consolidación de la administración digital, la mejora de la experiencia de la ciudadanía en sus interacciones con los servicios públicos y el refuerzo de la ciberseguridad. También sitúan entre los retos principales la atracción y retención de talento especializado, la gestión del cambio organizativo y la capacidad de mantener el esfuerzo inversor una vez se agoten los fondos europeos que han impulsado una parte relevante de los proyectos de transformación digital en la última década.
Consecuencias de la inversión
A partir de las respuestas recogidas, el informe apunta a que una mayoría de organizaciones públicas considera que la digitalización ha contribuido a mejorar la eficiencia interna, acortar plazos de tramitación y facilitar el acceso a los servicios, aunque los responsables consultados reconocen que aún existe margen para simplificar procesos, reducir la fragmentación de soluciones y avanzar en la interoperabilidad entre administraciones.
Así, la coordinación interadministrativa y el aprovechamiento de infraestructuras y servicios compartidos se perciben como factores relevantes para optimizar recursos y acelerar la implantación de soluciones digitales.
Los autores del estudio señalan igualmente la importancia de alinear los proyectos tecnológicos con las prioridades estratégicas de cada administración y de reforzar los mecanismos de evaluación del impacto de la inversión en términos de calidad del servicio, satisfacción de la ciudadanía y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Entre las tendencias que previsiblemente marcarán la agenda de los próximos años, el documento menciona la extensión del uso de inteligencia artificial en ámbitos como la automatización de tareas administrativas, la atención ciudadana y la analítica de políticas públicas, así como la consolidación de modelos de trabajo híbrido en el sector público y la evolución de los marcos regulatorios vinculados a la gestión y protección de los datos.
