La gestión de los datos detrás de la transformación de la Agencia Tributaria Canaria

La Agencia Tributaria Canaria está inmersa en una competa transformación digital, en la que se está promoviendo el uso estratégico de la analítica de datos, la automatización de procesos y el uso de la inteligencia artificial aplicada. El objetivo es lograr una administración tributaria más eficiente, innovadora y orientada al servicio público, así como mejorar la lucha contra el fraude.

Así al menos lo expuso Raquel Peligero Molina, Directora de la Agencia Tributaria Canaria ((ATC) desde 2019, durante un encuentro de SAS.

Cabe señalar que esta entidad es Adscrita a la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, y que Raquel Peligero es también Vicepresidenta de su Consejo Rector. Asimismo, es Consejera Delegada de ASISTENCIA INTEGRAL TRIBUTARIA, S.A. (ASISTA Canarias), sociedad mercantil pública que actúa como medio propio de la Comunidad Autónoma de Canarias, y vocal del Pleno del Consorcio de la Zona Franca de Tenerife y del de Gran Canaria.

Inspectora de Hacienda del Estado desde 2001 y licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuenta con una dilatada trayectoria en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, donde ha ejercido responsabilidades directivas en los ámbitos de inspección, recaudación, gestión económica y recursos humanos.

En la actualidad, lidera el impulso de la transformación digital de la Agencia Tributaria Canaria, promoviendo el uso estratégico de la analítica de datos, la automatización de procesos y el uso de la inteligencia artificial aplicada, con el objetivo de lograr una administración tributaria más eficiente, innovadora y orientada al servicio público, así como mejorar la lucha contra el fraude.

Datos e IA

Durante este encuentro, esta responsable expuso los avances de la estrategia de transformación de la ATC, que se apoya fundamentalmente en la analítica de datos y la inteligencia artificial (IA). Peligero detalló que hay un especial énfasis en la gobernanza, la confiabilidad y la seguridad de la información tributaria.

Esta responsable repasó el origen y evolución de la estrategia de datos de la ATC, que en 2017 decidió implantar una herramienta de análisis masivo. “En la implantación nos dimos cuenta de que, para garantizar la potencia de la herramienta, necesitábamos mirar al dato. Algunos eran de distinta calidad, otros estaban atrasados; había que ordenarlos”, explicó. De ahí surgió un proyecto de gobierno del dato, incorporado al Plan Estratégico 2022-2024 y ya en su fase final de implantación. “Tenemos nuestra plataforma y hemos detectado la necesidad de dar un paso más allá, migrando hacia la nueva plataforma SAS Viya”, añadió.

En el ámbito de la IA, la ATC inició su acercamiento entre 2022 y 2023, con una visión centrada en beneficios y riesgos. “La IA arroja comportamientos no deterministas según el contexto y los datos; existe opacidad y nuevos escenarios de vulnerabilidades. En el sector público se nos exige confianza. Los resultados que arroja la IA han de ser confiables”, recalcó.

Para ello, la institución se ha alineado con la legislación aplicable y con una estrategia clara. “La implantación de la IA necesita nuevas estrategias de gobernanza y control. El cumplimiento normativo es clave. La normativa europea está en despliegue por niveles de riesgo, y los Estados miembros deben crear organismos de supervisión y control. En España aún se requiere transposición, con una Ley Orgánica que está en trámite. Hace dos días, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de decreto; ya está en información pública”.

La ponente subrayó las limitaciones específicas del ámbito tributario en materia de protección del dato. “El artículo 25 de la Ley General Tributaria protege el dato tributario: es reservado. Tenemos la obligación de custodiarlo; no puede salir a ningún lado. No podemos ir a la nube: las soluciones deben estar on-premise”, afirmó.

También insistió en la necesidad de transparencia y trazabilidad de los algoritmos y en la capacitación de los funcionarios para gestionar el cambio. “En el sector público hay más aversión al cambio; debemos formar y acompañar”.

Respecto a los riesgos, enumeró fuga de datos, usos indebidos y ventilación de propiedad intelectual, “comunes a todos los sistemas”, y remarcó una conclusión clave: “El mayor riesgo, en todo caso, es no usar la inteligencia artificial. Debemos hacer un uso responsable, ético y seguro”.

Una IA confiable

Tras una primera etapa con pilotos aislados, la ATC ha formalizado una estrategia de IA confiable.

“Ya no es una decisión tecnológica sobre usar o no usar IA; ahora la decisión estratégica es cómo implantamos la IA y dónde la aplicamos”, comentó. Es más, esta misma responsable aseguraba que estuvo en un reciente foro con miembros de consejos de administración de empresas cotizadas donde identificó las mismas tres preocupaciones entre sector privado y público. “Situación geopolítica, cómo implantar la IA en la organización, y la retención y captación de talento. En el sector público estamos más constreñidos; es difícil competir con la empresa privada en perfiles tecnológicos”.

La ATC ha aprobado su estrategia que define compromisos, principios rectores, líneas de actuación y recursos organizativos. “El gobierno de la IA es esencial: establecer roles y responsabilidades, mapear cuándo y para qué se usa, medir y gestionar riesgos”, detalló. Entre los casos ya implementados, citó respuestas asistidas a consultas de contribuyentes (“siempre con supervisión humana”), asistencia virtual para cumplimentación de modelos tributarios y extracción de información de documentos notariales y judiciales para detectar imponibles no declarados. “Iniciamos cotejando las escrituras con la ficha resumen para detectar incongruencias, y ya estamos en el siguiente paso: detectar imponibles no declarados”, indicó.

En la analítica avanzada, la IA se usa con fines preventivos: “Realiza clasificación automática de solicitudes de devolución del IGIC (el equivalente canario del IVA) y nos ofrece un mapa de riesgo para priorizar expedientes”. También apoya la detección de tramas de fraude mediante visualización de redes societarias: “Antes lo hacía a mano en Inspección de Hacienda, con escrituras y planos. Ahora la IA te lo muestra; tú lo compruebas, pero ya tienes una base”.

La IA contribuye igualmente a la toma de decisiones de política fiscal: “Si bajo el tipo del Impuesto de Transmisiones del 7 al 6,5 y añado una deducción, ¿cuánto menos voy a recaudar? Es una decisión política, pero hay que conocer el coste para ajustar el presupuesto de la comunidad autónoma”.

La expansión alcanza áreas transversales y la propia base de datos institucional. “Estamos creando un asistente para la gestión de indicadores. Trabajamos por objetivos con 399 indicadores: queremos ver dónde vamos peor, dónde mejor y ajustar nuestra actuación”, explicó. En desarrollo y seguridad, la IA se aplica a la documentación de aplicaciones y a auditorías conforme al Esquema Nacional de Seguridad: “Nos ayuda a documentar la aplicación de indicadores y puede reducir necesidades de programación: que la IA programe y un funcionario revise. También detecta incongruencias e inseguridades en nuestras bases de datos; esperamos que nos sugiera soluciones”.

La visión de conjunto es la de una IA integrada en todos los estratos de la organización, no encapsulada. “La estamos usando prácticamente en toda la estructura tecnológica y de negocio. No sé dónde estaremos en ocho meses si vuelvo: esto se mueve muy rápido”, concluyó, reafirmando el compromiso de la ATC con un despliegue responsable, robusto y transparente de la IA y los datos para ofrecer un mejor servicio al ciudadano.