El Gobierno quiere impulsar la e-factura
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital tiene, hasta el próximo 22 de marzo, una consulta pública abierta sobre el reglamento de desarrollo de la Ley Crea y Crece. Se trata de u1na legislación que da un año a las grandes empresas y dos a las pymes para implantar la e-factura para llevar a cabo una facturación digitalizada e interconectada con la plataforma de Hacienda.
Es decir, que todas aquellas entidades que quieran hacer aportaciones a la ley, antes de que esta sea redactada, pueden enviar sus propuestas a través de esta consulta previa. El proyecto de Reglamento Técnico que desarrolla la Ley Crea y Crece en cuanto a la Facturación Electrónica hace referencia a los requisitos técnicos y de información que se deben incluir en la e-factura a efectos de verificar la fecha y los periodos medios de pago. Asimismo, incluye los requisitos de interoperabilidad mínima entre los prestadores de soluciones tecnológicas de facturas electrónicas, y los requisitos de seguridad, control y estandarización de los dispositivos y sistemas informáticos que generen los documentos.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital mantiene abierta hasta el 22 de marzo una consulta previa sobre el proyecto de real decreto para e-factura
Una vez estudiadas las aportaciones, se redactará el proyecto de Reglamento Técnico que pasará por el trámite de audiencia pública antes de su aprobación definitiva. Una de las principales novedades respecto a la ley aprobada el pasado 28 de septiembre es la aparición el Ministerio de Hacienda y Función Pública como co-proponente en este proyecto, junto con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, entidad que hasta ahora había impulsado la normativa.
Entrada en vigor
Está previsto que esta legislación entre en vigor en dos fases. En un primer estadio afectará a todas las empresas y autónomos con una facturación anual superior a 8 millones de euros. En este caso, los afectados tendrán un año para implantar la e-factura a partir de que se apruebe el desarrollo reglamentario.
Mientras, el resto de empresas y autónomos tendrán el doble de tiempo (dos años) para acogerse a la normativa.
