Aitor Cubo Contreras, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia: “Digitalizar es revisar los procesos, simplificarlos y pensar cómo hacerlos más rápidos, más claros y útiles para todos”
Responsable de impulsar la modernización tecnológica y organizativa de la Justicia en España, Aitor Cubos Contreras es doblemente licenciado: Ingeniero informático por la Universidad Complutense de Madrid y en Psicología por la UNED. Pertenece al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración General del Estado y es una de las referencias de la administración digital en el sector público estatal, con más de dos décadas de trayectoria en proyectos de gobierno digital e innovación pública. A lo largo de su carrera ha ocupado distintas responsabilidades en la AGE vinculadas a la administración electrónica y los servicios al ciudadano, entre ellas la Subdirección General de Impulso de la Administración Digital y Servicio al Ciudadano en el Ministerio de Hacienda y Función Pública y ahora lidera la planificación y gestión de los proyectos digitales del ámbito judicial, así como la coordinación con otras administraciones, órganos del Estado e instituciones públicas. Función de la que hablamos en esta entrevista
Entrevista con Aitor Cubo Contreras, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia
¿Cuáles son las prioridades clave de su Dirección General para 2026 en la transformación digital de la Justicia?
2026 es un año decisivo para la Dirección General en el avance hacia un modelo de Justicia plenamente digital, interoperable y orientado al dato, ya que en él estarán operativos muchos de los proyectos financiados con los 410 millones de euros de los fondos europeos logrados por el Gobierno de España, que ejecutamos completamente en 2025. Nuestro objetivo es consolidar este año un ecosistema tecnológico más moderno, eficiente y seguro, capaz de responder a las necesidades de profesionales, ciudadanía y operadores públicos.
El principal hito será la finalización de la migración del sistema de gestión procesal Minerva al nuevo sistema ATENEA en todo el territorio, incluyendo la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Este nuevo sistema procesal es mucho más avanzado, y cuenta con mayores capacidades de automatización, interoperabilidad y adaptación a la nueva organización judicial. A su vez, ATENEA Iris (el servicio de consulta en línea del expediente judicial electrónico que permite a las partes y a los profesionales acceder al contenido de los procedimientos judiciales) reforzará este ecosistema facilitando un acceso más sencillo y ágil a los expedientes, incorporando nuevas funcionalidades centradas en la productividad y la usabilidad.
Otro eje prioritario será la evolución de los servicios digitales dirigidos a la ciudadanía, los profesionales de la justicia y las empresas. Carpeta Justicia (el espacio personal on-line en el que se pueden realizar numerosos trámites relacionados con la Administración de Justicia) ampliará su cobertura territorial e incorporará nuevos servicios, como la guía digital de reclamaciones de deudas que es un asistente online que guía a la ciudadanía en la gestión de reclamaciones de deudas y respuestas a solicitudes de pago, ayudando a identificar el procedimiento adecuado y los pasos para su tramitación.
Asimismo, mejorará los servicios ya operativos, incluyendo algunos basados en inteligencia artificial dada su buena acogida, para facilitar la comprensión de trámites y la accesibilidad de la información.
En paralelo, se completará la transformación de LexNET (el sistema de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y los operadores jurídicos) hacia CITIUS y Delta CITIUS, reforzando la orientación al dato de las comunicaciones electrónicas y avanzando en la automatización del sistema judicial. Justicia, en algunos ámbitos, ya trabaja como la Agencia Tributaria: orientada al dato y con tramitación automatizada.
Por otro lado, y en el ámbito del Registro Civil, se habilitarán nuevas soluciones para garantizar que las funerarias se relacionen con el Registro a través de medios electrónicos, asegurando el cumplimiento normativo y la continuidad del servicio mediante el uso de certificados médicos digitalizados. Además, se impulsará una administración propositiva basada en datos mediante el acceso autorizado a ficheros masivos del Registro Civil por parte de otras Administraciones Públicas, fortaleciendo la interoperabilidad, los automatismos administrativos y la eficiencia del conjunto del sector público.
La consecución de estos hitos en 2026 requerirá la actualización y modernización global de la infraestructura tecnológica: servidores, almacenamiento, elementos de comunicaciones asociados a los CPD, etc., que, con el tiempo, se vuelven tecnológicamente obsoletos y cibervulnerables. El objetivo en este ámbito es ampliar tanto la capacidad de procesamiento, como la capacidad de almacenamiento para mejorar la eficiencia, seguridad, escalabilidad y sostenibilidad de los servicios prestados; así como continuar mejorando los sistemas de copias de seguridad.
¿Qué es lo más difícil (y lo más fácil) de modernizar una administración tan tradicional como la justicia? ¿Cuáles son los principales obstáculos?
Para modernizar una Administración como la de Justicia hemos tenido que afrontar retos tecnológicos y retos más bien culturales u organizativos.
En cuanto a los retos tecnológicos nos enfrentamos a una Administración con una gran dispersión de sistemas: Ministerio de Justicia, comunidades autónomas con competencias asumidas en materia de Justicia, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Fiscalía General del Estado (FGE). Por tanto, el objetivo es instaurar un modelo de servicios comunes interoperables entre sí que respete las peculiaridades y características de cada sistema. En este sentido podemos decir que hoy, 11 comunidades autónomas ya interoperan con sus expedientes judiciales electrónicos y sus documentos asociados de forma automática y orientada al dato, y hay interoperabilidad con el punto neutro judicial del CGPJ y con los sistemas de la FGE.
Para este hito, la cogobernanza ha sido clave. No es fácil que en un ecosistema tan complejo como el Justicia, se hayan consensuado por todos los agentes implicados los proyectos país en los que estamos trabajando y que ya son realidades.
Por otro lado, también nos hemos tenido que enfrentar a retos relacionados con el cambio cultural. Toda innovación tecnológica va, inevitablemente, unida a un cambio cultural que debe abordarse mediante una adecuada difusión de la información y formación a todos los implicados. En un ámbito como el de Justicia, las leyes, en especial la Ley Orgánica 1 / 2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, han sido fundamentales para conseguir este cambio. Solo así la gestión del cambio puede reducir los temores naturales y permitir que las personas aprovechen al máximo sus capacidades digitales. Aunque las nuevas tecnologías no tendrían por qué generar resistencia, sabemos que en algunos casos ocurre, lo que puede dificultar su correcta implantación.
¿Qué rol juega la interoperabilidad de sistemas y datos en su estrategia para garantizar servicios judiciales eficientes y conectados con otros organismos estatales?
La interoperabilidad es esencial para el desarrollo de la transformación digital que está viviendo la Administración de Justicia.
A día de hoy, los sistemas informáticos funcionan, hay interoperabilidad entre los diferentes sistemas de gestión procesal de las comunidades autónomas que cuentan con expediente judicial electrónico y esto redunda en una mejora del servicio público de justicia y beneficia a la sociedad en su conjunto.
Esto no ha sido un camino fácil. Se ha contado con el resto de las administraciones a través del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) para conseguir la interoperabilidad automática y orientada al dato.
Desde hace años, los intercambios de información son seguros y se realizan por medios electrónicos. Afortunadamente, gracias al esfuerzo realizado desde el Ministerio, hemos dejado atrás aquellos tiempos en los que era necesario, por ejemplo, imprimir un expediente judicial electrónico en Canarias, trasladarlo físicamente en un camión hasta un puerto, enviarlo a Cádiz, y finalmente hacerlo llegar por carretera al Tribunal Supremo para su posterior digitalización por parte de ese órgano. Hoy, en todos los territorios, los intercambios de los expedientes judiciales electrónicos se realizan de forma digital.
Para ello se ha puesto en marcha el Hub de Interoperabilidad de Justicia que es un proyecto país, financiado con fondos europeos. Esta solución pretende ser la vía de intercambio de expedientes judiciales en todo el territorio nacional, para el envío de auxilios judiciales, inhibiciones y recursos entre distintos sistemas de gestión procesal (SGP). Este sistema permite el intercambio 100% automático y orientado al dato de expedientes judiciales electrónicos entre las diferentes comunidades autónomas. De esta forma se sustituye el transporte físico de los expedientes judiciales y el intercambio se realiza con las debidas garantías de integridad y seguridad.
El objetivo último del Hub de Interoperabilidad de Justicia es construir un modelo en el que los órganos judiciales sean completamente interoperables, no sólo entre ellos sino también con el resto del ecosistema digital de Justicia integrado, entre otros, por el Registro Civil, el Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ), la Fiscalía, los Institutos de Medicina Legal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Instituciones Penitenciarias, los profesionales de la justicia, las Administraciones Públicas y otros colectivos que se relacionan con la Administración de Justicia.
A modo de ejemplo, podemos destacar la interoperabilidad en el ámbito de los intercambios de información penal entre los órganos judiciales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales, que permite luchar más eficazmente contra fenómenos como el de la multirreincidencia. Y es que gracias a este intercambio de información los agentes de policía pueden identificar desde el inicio cuándo se enfrentan a un caso de multirreincidencia. La eficacia del modelo ya ha sido reconocida, por ejemplo, por la Guardia Urbana de Barcelona que en octubre de 2025 entregó su Medalla de Honor al Mérito en la categoría de Plata a la Dirección General por su trabajo en este ámbito.
¿Qué garantías de transparencia, auditabilidad y ética implementan en los algoritmos de IA aplicados a la gestión procesal, alineados con el marco regulatorio europeo?
En este Ministerio aplicamos la inteligencia artificial conforme a un modelo de gobernanza plenamente alineado con el marco regulatorio europeo y con los principios éticos y jurídicos que rigen la actividad pública. Este compromiso se articula de forma explícita en la Política de Uso de la Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia, aprobada por el CTEAJE en junio de 2024, que establece obligaciones claras en materia de legalidad, transparencia, seguridad, supervisión humana y protección de derechos fundamentales.
La implantación de sistemas de IA en la gestión procesal se rige por un principio esencial: estas tecnologías solo pueden desempeñar funciones asistenciales o de apoyo técnico. Nunca se utilizan para condicionar o sustituir decisiones jurisdiccionales, que son y seguirán siendo exclusivas de jueces y magistrados. La independencia judicial queda, por tanto, plenamente garantizada.
En materia de transparencia y auditabilidad, el Ministerio aplica un sistema propio de control basado en los registros FAT —Equidad, Exactitud y Transparencia—, que se actualizan y publican mensualmente. Estos registros permiten documentar en detalle la finalidad de cada sistema, la naturaleza de los datos utilizados, los procesos de evaluación de sesgos, los criterios de calidad y las responsabilidades técnicas asociadas. Se trata de un mecanismo que aporta certeza, facilita auditorías y refuerza la confianza institucional.
Cada proyecto pasa además por evaluaciones éticas, jurídicas y técnicas que verifican la trazabilidad del modelo, su respeto a los principios de proporcionalidad y necesidad y su adecuación al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Todos los sistemas cuentan con supervisión humana reforzada y mecanismos que permiten comprender y verificar su funcionamiento.
El Reglamento de la UE define el ámbito de la justicia como de alto riesgo en el uso de estas tecnologías, pero que haya riesgo, no significa que no se puedan utilizarse. Conociendo que hay riesgos, es necesario adoptar las medidas que impone el propio Reglamento, así como otras adicionales de las que nos hemos dotado en España, con el fin de garantizar el cumplimiento de las garantías procesales.
Con este conjunto de medidas, el Ministerio garantiza que la IA se utilice de forma responsable, segura y transparente, contribuyendo a la modernización del servicio público sin comprometer derechos fundamentales ni funciones jurisdiccionales.
¿Puede adelantar avances en IA predictiva para proponer resoluciones judiciales basadas en datos, sin sustituir la decisión humana del juez?
Como apuntaba, la estrategia del Ministerio en materia de inteligencia artificial no persigue automatizar decisiones jurisdiccionales, sino ofrecer herramientas que refuercen las capacidades de quienes trabajan en la Justicia, mejorando la eficiencia del sistema y preservando siempre la autonomía y la independencia del Poder Judicial.
En este sentido, estamos explorando las posibilidades de la inteligencia artificial desde un enfoque profundamente responsable, y siempre alineado con los principios jurídicos y éticos que rigen la actividad pública. Y, en el ámbito jurisdiccional, de la mano y con colaboración con el CGPJ, en concreto, con el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ).
Las iniciativas actuales se centran exclusivamente en soluciones de carácter asistencial o de apoyo técnico. Esto incluye herramientas que permiten analizar grandes volúmenes de documentación, detectar patrones en expedientes o anticipar cargas de trabajo. La finalidad es mejorar la eficiencia del sistema, facilitar tareas repetitivas o de clasificación y ofrecer información estructurada que ayude a los operadores jurídicos en su labor diaria, permitiendo a jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios centrarse en aquellas tareas que exigen esfuerzo intelectual y aportan valor añadido. En definitiva, las tecnologías que introducimos apoyan, pero no sustituyen, el juicio experto ni la responsabilidad decisoria.
Estas innovaciones están proporcionando impactantes resultados mejorando la eficiencia y eficacia de la justicia, teniendo en cuenta en todo momento que su aplicación debe contar con una regulación adecuada que especifique su implementación y garantice la seguridad en el procesamiento de datos.
En este sentido, el Real Decreto Ley 6/2023, publicado el 20 de diciembre de 2023, introduce nuevas medidas de eficiencia digital y procesal para la Administración de Justicia, como la producción de acciones automatizadas, proactivas y asistidas; el uso de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) que respaldan la función jurisdiccional; el procesamiento, cuando sea necesario, de procedimientos judiciales; y la definición y ejecución de políticas públicas relacionadas con la Administración de Justicia.
Este Ministerio está desarrollando una estrategia de IA y Robotización basándose en datos que juegan un rol esencial en el entrenamiento de los sistemas por medio del aprendizaje automático, lo que exige un conocimiento de los datos para detectar y conocer los sesgos. En consecuencia y con el fin de garantizar la protección y el correcto uso de los datos, se aprobó el Manifiesto del Dato realizado en cogobernanza por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, las comunidades autónomas que tienen competencias asumidas en materia de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.
¿Cuáles son los principales desafíos presupuestarios y de infraestructura tecnológica para escalar la transformación digital en la Justicia, y cómo los aborda en coordinación con el sector privado?
La transformación digital en la Justicia requiere importantes inversiones presupuestarias en infraestructuras tecnológicas avanzadas, especialmente para responder a las altas demandas de computación que imponen tecnologías como la IA.
Desde 2020 el presupuesto destinado a la transformación digital se ha visto incrementado considerablemente, pasando de un presupuesto de 115.036.822,58€ en 2020, a 176.730.481,68€ en 2026, lo que supone un aumento de cerca de un 54%.
Para hacer frente a este desafío, se ha reforzado considerablemente la infraestructura del Centro de Procesamiento de Datos (CPD) con una capacidad de cálculo que sería equiparable a unos 27.000 ordenadores personales trabajando en paralelo. Con esta potente infraestructura, se están desarrollando servicios de IA como el anonimizado, la elaboración de resúmenes y la clasificación automática de documentos judiciales de forma segura, sin que los datos salgan del control del Ministerio.
En esta labor resulta fundamental la colaboración con el sector privado. En 2022 pusimos en marcha el Foro de Transformación Digital de la Justicia (FTDJ), una iniciativa pionera en el ámbito de la creación conjunta (Administración pública-sector privado) de mejoras y soluciones de valor para la Administración de Justicia en el que participan expertos del sector tecnológico, del sector legal, tanto del ámbito público como del privado, y representantes de diferentes instituciones. Una de las líneas de actuación fundamentales de esta iniciativa es la inversión directa en tecnologías de la información y las comunicaciones, impulsando la transformación digital del sector Justicia con cargo a los fondos europeos.
Este marco de colaboración está posibilitando el desarrollo de soluciones innovadoras con impacto real. Los grupos de trabajo del FTDJ abordan temas muy vinculados a inclusión digital: interoperabilidad de sistemas de justicia, uso del dato en la administración, digitalización de servicios, etc. En este sentido, cabe destacar los desarrollos tecnológicos abordados desde el FTDJ en la plataforma Carpeta Justicia, con el fin de llevar la información a todas las personas, independientemente de su edad, ubicación o capacidades. Ejemplo de ello es la herramienta de resúmenes de documentos judiciales en la modalidad de lenguaje sencillo desarrollada para la mejora de la accesibilidad y la comprensión de los asuntos judiciales.
Además, se ha trabajado en proyectos como el del Escritorio Virtual de Inmediación Digital (EVID) en el que el MPJRC dado un paso más complementando esta solución para la realización de actuaciones por videoconferencia y otros medios con plena validez jurídica, con el uso de dispositivos adaptados a las personas con dificultades. Una víctima puede recibir ayuda de la Oficina de Asistencia a la Víctima desde su domicilio, un abogado puede asumir el cargo de administrador concursal de una empresa y partido judicial que está a mil kilómetros, una persona con problemas de movilidad puede declarar sin desplazarse…
En el seno del Grupo de Trabajo de Accesibilidad y Usabilidad del FTDJ, se están aplicando propuestas innovadoras que ponen en el centro a la ciudadanía con el fin de garantizar la igualdad en el acceso a los portales web y aplicaciones de Justicia. Por ejemplo, se está trabajando en los Sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa (SAAC), que, mediante símbolos gráficos o gestuales como formas de expresión diferentes del lenguaje hablado, aumentan y/o compensan las dificultades lingüísticas y comunicativas.
El Grupo de Trabajo de Robotización, Datalab e IA está impulsando proyectos de gran impacto social integrando la experiencia tecnológica del sector privado con las necesidades operativas del sistema judicial. Esta colaboración facilita el diseño de herramientas más eficientes, accesibles y centradas en el usuario, así como el desarrollo de soluciones avanzadas, que ya tienen resultados. El registro, reparto, aceptación e incoación en el territorio ministerio ya lo hacen los robots. Sin ellos, se llega a tardar meses. Ahora el plazo es de dos días. Los resúmenes en lenguaje claro con IA o la asistencia con esta tecnología, permite mejorar el acceso a la justicia, de los más desfavorecidos.
La digitalización también permite afrontar retos complejos como la multirreincidencia, facilitando y agilizando la labor de los operadores judiciales y policiales que intervienen en la resolución de este tipo de delitos. Más de más de 15,8 millones de ciudadanos, lo que representa aproximadamente el 32,5% vive en los 53 municipios donde la policía local ya consulta los datos penales, lo que repercute directamente en una mejora de la seguridad ciudadana y de la convivencia, luchando de manera efectiva contra la multirreincidencia.
¿Cómo gestionan la ciberseguridad y la protección de datos en una infraestructura que soporta interconexiones masivas con otros sistemas jurídicos?
Para este Ministerio la ciberseguridad es una prioridad. Una parte importante de los fondos europeos para la transformación digital de la justicia se han destinado a la ciberseguridad, dado que es vital, al pasar del papel a lo digital, priorizar este ámbito.
En este contexto, destaca la creación de un perfil específico de cumplimiento para la Administración de Justicia, más exigente debido al papel esencial que desempeña como pilar del Estado de derecho. Asimismo, el Ministerio ha obtenido la certificación de seguridad de nivel alto del Esquema Nacional de Seguridad, otorgada por el Centro Criptológico Nacional, organismo dependiente del Centro Nacional de Inteligencia, y es la primera administración que lo consigue con el perfil específico de Administración de Justicia.
La colaboración con el Centro Criptológico Nacional es clave para el funcionamiento del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de Justicia encargado de la protección de los sistemas ante ataques e intentos de acceso ilegítimo por parte de organizaciones criminales, nacionales y extranjeras, que son realmente numerosos.
Por último, estamos impulsando el refuerzo de la seguridad a través de acciones formativas y de concienciación con los usuarios, ya que son la vía principal de entrada de los ciberataques. Nuestro objetivo es consolidar una cultura de ciberseguridad que permita salvaguardar la información de la Administración de Justicia y del propio Ministerio, contando con usuarios más capacitados y sensibilizados.
¿Qué estrategias de formación en competencias digitales aplican a jueces, funcionarios y usuarios para maximizar el impacto de los servicios como la hoja de vida judicial?
La Dirección General aplica una estrategia integral de capacitación digital continua, orientada a garantizar que jueces, fiscales, letrados de administración de justicia, funcionarios y demás usuarios puedan aprovechar plenamente las herramientas tecnológicas del sistema judicial y maximizar el impacto de los servicios digitales.
Esta estrategia se articula a través del Centro de Competencias Digitales y combina múltiples modalidades formativas flexibles y complementarias, entre las que destacan:
• Soporte formativo presencial en sedes, mediante sesiones breves orientadas a la resolución de incidencias y consultas concretas durante la jornada laboral.
• Solicitudes de formación en catálogo, con cursos presenciales y online accesibles desde Aula en Línea.
• Planes de Acción de Transferencia de Conocimiento (PATC), que estandarizan la capacitación en aplicaciones clave y aseguran la homogeneidad en todas las sedes judiciales.
• Cursos exprés de alto impacto, en modalidad online síncrona, diseñados para responder con rapidez a necesidades específicas derivadas de nuevas implantaciones o actualizaciones de sistemas.
Para el éxito en las implantaciones y lograr que los usuarios obtengan la máxima utilidad de las herramientas tecnológicas puestas a su disposición, resulta fundamental impulsar la realización de las formaciones y sensibilizar a los usuarios de la importancia de la realización de las acciones formativas para tener usuarios suficientemente formados.
De forma prioritaria, la formación se está alineando con las nuevas medidas organizativas (Oficinas de Justicia en el Municipio y Tribunales de instancia), reforzando competencias digitales en herramientas estratégicas como ATENEA, nuestro sistema de gestión procesal, el Visor de expedientes judiciales electrónicos, el sistema de interoperabilidad de justicia, EVID, que nos permite hacer todo tipo de actuaciones telemáticas, no sólo juicios, y los sistemas de videoconferencia y grabación de vistas, así como en ciberseguridad, para garantizar un uso seguro, eficiente y conforme a la normativa.
Tras su trayectoria en Hacienda y proyectos en América Latina, ¿qué paralelismos encuentra entre la transformación digital en Justicia y otras administraciones, y qué recomendaciones daría a CIOs públicos?
Después de haber trabajado en Hacienda y en proyectos de digitalización en varios países de América Latina, me he dado cuenta de que los retos de la transformación digital en las administraciones públicas son muy parecidos, independientemente del ámbito. Justicia no es una excepción dentro de la administración; comparte con otras áreas el reto y la oportunidad de modernizar sus sistemas, trabajar con reglas claras y fortalecer la colaboración entre todos los actores implicados.
El principal paralelismo es que la transformación digital no va solo de tecnología, va de mejorar los servicios que recibe la ciudadanía y de facilitar el trabajo de los profesionales. Digitalizar no consiste en hacer lo mismo de siempre, pero con ordenadores, sino en revisar los procesos, simplificarlos y pensar cómo hacerlos más rápidos, más claros y útiles para todos. Por ello es fundamental la visión holística, un plan estratégico integral que no se quede en la digitalización, que mejore procesos y organización.
A los responsables de tecnología en las administraciones públicas les daría tres consejos sencillos. El primero, que entiendan bien el servicio que prestan y trabajen de la mano de quienes lo gestionan, no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde las necesidades reales de ciudadanos y profesionales. El segundo, que apuesten por sistemas que puedan conectarse entre sí y compartir información, para evitar duplicidades y problemas. Y el tercero, que cuiden especialmente a las personas, formar a los equipos, acompañarlos en los cambios y ayudarles a entender para qué sirve la digitalización. Sin las personas, no hay transformación posible.
¿Qué mensaje transmite a los responsables de tecnología e innovación de organismos públicos sobre el futuro de la Justicia digital en España?
El mensaje es optimista y claro, la Justicia digital en España ya es una realidad y seguirá avanzando. Hemos pasado de hablar de proyectos a ver resultados, y ahora el reto es aprovechar bien todo ese trabajo para ofrecer una Justicia más cercana, más ágil y comprensible para la ciudadanía.
A quienes lideran la tecnología y la innovación les diría que estamos en un momento clave. Herramientas como la Inteligencia Artificial o la automatización pueden ayudar mucho, pero siempre deben usarse con sentido común, con garantías y criterios claros. La tecnología no viene a sustituir a jueces, fiscales, letrados de administración de justicia o funcionarios, sino a ayudarles a trabajar mejor y a dedicar más tiempo a lo que realmente importa.
El futuro de la justicia digital para por colaborar más, compartir experiencias y poner al ciudadano en el centro de todo. Si usamos la tecnología de forma responsable, la digitalización puede mejorar no solo el funcionamiento de la justicia, sino también la confianza de la sociedad en las instituciones públicas.
