Los ayuntamientos también deben implantar un canal de denuncias
Más de 750 ayuntamientos (aquellos que tienen más de 50 empleados) están obligados a implantar un canal de denuncias, tal y como recoge la nueva Ley de Protección al Informante, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 16 de febrero y en vigor desde el 13 de marzo.
Aquellas corporaciones con más de 249 empleados tienen como fecha límite el 13 de junio de 2023 para implantarlo. Quienes tengan una plantilla de entre 50 y 249 empleados, deben saber que su plazo es hasta el 1 de diciembre de 2023.
A nivel público, los ayuntamientos de los 762 municipios españoles que tienen más de 10.000 habitantes deben implantar su propio canal de denuncias antes del 13 de junio. A su vez, los más de 7.350 ayuntamientos con una población menor de 10.000 habitantes tienen de plazo para ello hasta el 1 de diciembre de 2023.
La Ley de Protección al Informante obliga a las entidades públicas a implantar un canal de denuncias anónimo
En este sentido, Grupo Logalty asegura que ha desarrollado una tecnología propia que permite a cada ayuntamiento implementar su propio canal de denuncias. El grupo, especializado en ofrecer tecnologías de comunicación, contratación, certificación y compliance para pequeñas y medianas empresas, ha creado RegTech Canal de Denuncias —a través de su marca RegTech—, una tecnología en la nube que garantiza la protección del informante, impulsando así su área de negocio especializado en ofrecer tecnologías de compliance.
Concretamente, esta tecnología identifica riesgos en el entorno profesional y permite realizar un seguimiento de las denuncias para conocer su estado en tiempo real. Además, reduce costes económicos, penales y reputacionales, y reporta un significativo ahorro de tiempo gracias a la digitalización del proceso.
Esta nueva tecnología contempla la denuncia de cualquier conducta que implique la comisión de un delito o la comisión de una infracción administrativa grave o muy grave, afectando a todo tipo de sectores. En concreto, incluye una extensa lista de conductas denunciables como el fraude interno y externo, la discriminación, el acoso laboral y sexual, actos de corrupción y soborno, el blanqueo de capitales, delitos e infracciones contra la seguridad social y hacienda pública; y el incumplimiento de normativas ligadas al impuesto de sociedades, a la seguridad y salud en el trabajo o a la protección de la privacidad, entre otras.
María Dolores Pescador, presidenta ejecutiva de Grupo Logalty, afirma que “la tecnología es un aliado imprescindible para cumplir con los dos principales requisitos de la nueva ley: el anonimato del denunciante y la supresión de datos en el tiempo establecido. Nuestro canal de denuncias permite a las personas informar sobre sospechas de mala conducta de forma confidencial, con la seguridad jurídica y tecnológica que avala la larga trayectoria de Grupo Logalty en el cumplimiento del compliance”.
