Encarna Hernández, directora de la Fundación NovaGob

Dirige uno de los grandes referentes en innovación pública, la Fundación NovaGob. Fruto en 2013 de un proyecto científico de la Universidad Autónoma de Madrid, para investigar el papel que podían tener las plataformas sociales digitales y, en concreto, las redes sociales para ayudar a promover e impulsar la innovación y la digitalización dentro del sector público.

Convertida en 2019 en Fundación, NovaGob hoy conecta a más de 16.000 trabajadores de la Administración Pública de España y Latinoamérica.

Con ella analizamos los principales desafíos que la AA.PP. española debe superar en ese camino hacia el mañana, ya hoy, marcado por la digitalización de los servicios públicos.

Transparencia, inclusión o formación son solo algunos de los calificativos que, en su opinión, deben acompañar a la Administración Pública digital que se está diseñando.

La Administración Pública no es ajena al proceso de transformación digital que vivimos como sociedad. De hecho, es una de sus mayores impulsoras. Pero ¿cuál es el grado de digitalización de los servicios públicos españoles actualmente?

La digitalización siempre ha sido uno de los principales retos que se han identificado cada vez que, desde la Fundación, hemos hecho alguna consulta a nuestra comunidad; de hecho, ya en 2018 identificamos cuáles eran los desafíos de la AA.PP. para ese año y la digitalización ya era uno de esos pilares que se señalaban, junto con la gestión de personas o el gobierno abierto.

Lo cierto es que partimos de un retraso evidente. Desde la disposición final séptima de entrada en vigor de la Ley 39/2015, que establecíaun plazo para la puesta en marcha de la Administración Electrónica del 2 de octubre de 2018, ese plazo se fue ampliando posteriormente en diferentes moratorias y no se hizo realidad hasta 2021. 

Un retraso porque no había recursos, porque no había una voluntad definitiva… No lo sé, seguramente fueron muchas las razones.

Una razón sin duda es la gran disparidad de administraciones públicas que tenemos. De hecho, uno de los últimos informes IRIA que prepara la Secretaría General de Administración Digital (SGAD), dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Mineco), sobre el grado de digitalización de los ayuntamientos españoles, ponía de manifiesto la brecha existente entre los ayuntamientos de más de 30.000 habitantes, que la mayoría sí cuenta con planes de digitalización, y los que tienen menos de esa cifra de población, que ya no tienen esos planes.

“Hay una clara brecha en cuanto a los recursos que tienen las propias administraciones”

Hay una clara brecha en cuanto a los recursos que tienen las propias administraciones y puede que eso haya provocado también ese retraso generalizado en el que nos encontramos hoy.

La pandemia provocada por el COVID19 hizo que esa digitalización se acelerase de la noche a la mañana, sin remedio. ¿Qué lecciones cree que ha extraído la AA.PP. de la pandemia en todo lo relativo a la accesibilidad para el ciudadano?

Concepción Campos, doctora en Derecho, codirectora de Red Localis y presidenta de la Asociación de Mujeresdecía en un artículo que escribió al poco tiempo de decretarse el Estado de Alarma: “De repente, a partir del 14 de marzo de 2019, todo lo que no era posible, lo fue”. Y es muy significativa esa frase porque refleja muy bien lo que ocurrió.

Ha habido un cambio evidente en la relación entre el ciudadano y la Administración por la vía electrónica, más que nada porque no había otra opción.

Aumentaron las transacciones en la plataforma de intermediación de datos, según la propia AA.PP. que ha señalado, cómo durante esos meses, se alcanzaron cifras de récord en su actividad, pero también creció, por ejemplo, el número de ciudadanos que realizó trámites electrónicos con la Administración Pública.

Concretamente, según el estudio sobre digitalización de la Administración, elaborado por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, ONTSI, en 2021, señala cómo el 77% de la población internauta ya utiliza la identificación digital o cómo la mayoría de la ciudadanía (68%) ha realizado gestiones o trámites de la Administración pública de manera telemática a día de hoy. Por tanto, es innegable que la pandemia supuso un claro acicate para la digitalización de Administración Pública.

Pero también es cierto que esa mayor digitalización de los servicios públicos, no está calando en toda la sociedad por igual. En concreto, las personas más mayores, al igual que les está sucediendo con la digitalización de los servicios bancarios, encuentran muchos problemas para realizar algunos de esos trámites… ¿Es posible una AA.PP. digital y a la vez para todos?

Debería ser básico y es cierto que, actualmente, no lo es. Afortunadamente, cada vez se habla más los derechos digitales de la ciudadanía que, básicamente, constituyen el enfoque correcto que hay que tener. El propio Gobierno español aprobaba en julio de 2021 la Carta de Derechos Digitales en la que, entre otras cosas, se compromete a “poner a la persona en el centro de la transformación digital” y a “no dejar a nadie atrás”; especialmente, a las personas mayores.

“Hay que pensar menos en los procedimientos y más en las personas a las que se dirigen y no se está haciendo”

Por su parte, la Unión Europea también, el pasado mes de enero, publicaba su Declaración de Principios y Derechos Digitales, en la que también establece que la transformación digital debe ir dirigida a las personas no dejando fuera a nadie. Eso implica que todas las personas puedan tener el derecho pero también la capacidad a relacionarse con la Administración Pública. Hablamos de inclusión, de servicios accesibles, de un lenguaje administrativo claro y comprensible…

Pero es el momento de pasar de declaraciones de intenciones a hechos, a realmente establecer los mecanismos necesarios que permitan dar competencias a las personas que van a acceder a esos servicios públicos digitales.

Por que hay una clara brecha por ejemplo, como señalabas en el caso de las personas mayores. De hecho, el dato que señalábamos anteriormente del uso de la identidad digital por parte de la ciudadanía, si miras su utilización en el grupo de población mayor de 65 años, la cifra desciende drásticamente.

Como digo, es el momento de que esas cartas y declaraciones realmente sean un hoja de ruta para no dejar a nadie fuera. Hay que pensar menos en los procedimientos y más en las personas a las que se dirigen y, lamentablemente, no se está haciendo.

¿Y de puertas para dentro? ¿Cómo se está involucrando al propio trabajador público en esa transformación digital?  

Bueno, yo creo que hay que abordar este tema desde una perspectiva muy amplia. Por un lado, hay que tener en cuenta que hay que, por ejemplo, introducir el teletrabajo entre los trabajadores públicos no es únicamente un tema de infraestructuras tecnológicas. Implica también un cambio en el modelo laboral, un nuevo enfoque basado en la confianza, en un trabajo marcado por objetivos, etc.

Hay que transformar no solo las infraestructuras sino también el modelo laboral y a todo eso, sumar, sin duda, la formación en habilidades tecnológicas, el reciclaje de los perfiles profesionales que conforman la Administración Pública…

Ese, de hecho, es uno de los debates más interesantes que se plantean hoy. Los nuevos perfiles que van a surgir y que van a necesitarse en la transformación digital de la Administración.

¿Qué tipo de perfil profesional necesita la AA.PP. del futuro? Hay que responder a ese desafío y, como decía, para ello no solo hay que rediseñar los perfiles actuales sino también es necesario ser capaz de atraer talento a la Administración.

Usted es una firme defensora de la necesidad de una AA.PP. transparente. ¿Es una cualidad intrínseca a nuestro sistema o sigue siendo una asignatura pendiente?

La transparencia debería darse por sentada. En España, tardamos mucho en tener una ley de transparencia. Se aprobó en 2013 en nuestro país cuando ya éramos un caso aislado en Europa, en el que había países que hacía décadas que contaban con normas al respecto.

Y, bueno, realmente pensábamos que con esa ley ya estábamos bien hasta que se declaró el inicio de la pandemia. Cuando se aprobó el Estado de Alarma nos dimos cuenta de lo débil que era nuestro sistema de transparencia. El decreto que aprobó el Estado de Alarma también suspendía los plazos administrativos y, dentro de ese procedimiento administrativo, estaba el derecho de acceso a la información, por ejemplo.

Se “suspendía” un derecho como ese, en un momento en el que tal vez acceder a la información era más necesario que nunca. Como consecuencia, en esos meses no se publicaron, por ejemplo, los contratos de emergencia, ahora de rabiosa actualidad por cuestiones políticas. Tampoco se podía saber, por poner otro ejemplo, quiénes exactamente conformaban los comités de expertos que estaban gestionando la pandemia.

En definitiva, descubrimos de golpe lo débil que era el sistema y, además, en un momento en el que esa transparencia era fundamental para gestionar la pandemia; conocer los datos de contagios, fallecimientos, etc. para, en función de éstos, poder prevenir, tomar decisiones…

Esto ha hecho que se hayan abierto muchos debates primero de la necesidad y urgencia de reconocer la importancia de la transparencia a partir de ahora para generar confianza, para tener políticas públicas más eficaces…

Y, en segundo lugar, de que son necesarias distintas reformas legales de este sistema de transparencia como, por ejemplo, hacer del derecho al acceso a la información un derecho fundamental y no ligado a un proceso administrativo como pasa ahora. Es esencial conseguir y garantizar que la transparencia sea la forma de hacer transversalmente cualquier iniciativa dentro de la AA.PP.

Congreso NovaGob
Transparente, abierta, digital y, como ya hemos señalado, para todos. ¿Confía en que los ansiados fondos Next Generation supongan un impulso de la digitalización del sector público español?

Ojalá. Yo tengo la esperanza que de los fondos se usen bien, que se destinen a que esta transformación llegue a todos y todas, que nos ayuden a salir de la situación a la que también nos ha llevado la pandemia pero que, de verdad, lleguen a todos, que no se queden atrás ni colectivos ni zonas. De nuevo, lo más importante, aplicar transparencia y participación a cómo se gestionan esos fondos.

La fórmula la conocemos: todo lo que se abre, se transparenta, permite que entren más voces, más participación en cómo se gestiona va a ofrecer una mayor calidad en lo que se decide, en medidas más eficaces… Y tiene que hacerse así, con transparencia y participación porque si no se quedará en “agua de borrajas”. Espero que sea así por que es una gran oportunidad como país y no deberíamos dejarla escapar.

En breve, conoceremos el nuevo informe que desde NovaGob realizan sobre los desafíos que tiene la innovación pública por delante. ¿Cuáles cree que seguirán siendo los principales retos que revele el próximo informe?

En mi opinión creo que seguirán estando muy relacionados con la digitalización y la innovación tecnológica aunque también hay temas que están cobrando cada vez más importancia como la proactividad, la agilidad de la Administración…

En realidad, van de la mano y la digitalización es un habilitador de esos otros “adjetivos” de la AA.PP. deseada. Pero sí cada vez se está demandando más, una Administración ágil y que de servicios de forma proactiva.

“Cada vez se está demandando más, una Administración ágil y que de servicios de forma proactiva”

Y es que hay una demanda en la sociedad. ¿Por qué tiene que ser el ciudadano el que inicie cualquier relación, normalmente, con la AA.PP.? El que solicita siempre que le den determinada subvención o que le concedan algo que le corresponde? Si la Administración, que es realmente quien tiene todos los datos sobre el ciudadano, ¿por qué no es ella la que inicie y haga determinadas cosas sin que sea el ciudadano el que lo tenga que pedir? Ese sería un avance importante en la mejora de los servicios públicos.

Inteligencia Artificial, Blockchain, Cloud… Son numerosas las iniciativas y noticias de aplicar estas tecnologías en la AA.PP. ¿No cree que es un poco empezar la casa por el tejado cuando no tenemos resueltas otros temas como la accesibilidad o la inclusión que mencionaba?

Creo que se pueden hacer ambas cosas, hay que asegurar lo primordial pero también se puede avanzar en ámbitos si quieres más vanguardistas, a nivel tecnología.

No debemos perder la esperanza de que la AA.PP. pueda liderar alguna vez algo… Carles Ramió, catedrático de la Universitat Oberta de Catalunya y uno de los mayores referentes en investigación en la Administración Pública precisamente lanzaba esa pregunta. ¿Por qué no podemos esperar que la Administración se ponga por delante en temas de innovación, que lidere igual que lo hace el sector privado?

Es cierto que las cosas en la AA.PP. funcionan mucho más despacio que en una empresa privada pero… por qué no. Lo más importante, en mi opinión, es pensar que una tecnología x no tiene valor per se si a mí, como ciudadana, no me aporta nada. La tecnología tiene que ayudarnos a conseguir una AA.PP. más ágil, que de respuestas más rápido, a ser capaz de personalizar más los servicios que presta, a estar realmente centrada en el ciudadano…

Todo lo que tiene que ver por ejemplo con tecnologías como el Big Data o la Inteligencia Artificial que realmente nos ayude a prevenir futuras crisis… Tiene que ser útil, la tecnología por sí misma si no aporta valor, no sirve.

Hay que buscar la utilidad de la tecnología para las personas. Y, sobre todo, buscando y contando con el valor de las personas que hay dentro de la AA.PP. Atraer talento y aprovechar el que ya hay dentro.

Con un enfoque así si podríamos seguir pensando en que la Administración Pública sea capaz de liderar alguna de las mayores innovaciones tecnológicas que están por llegar. ¿Por qué no? Confiemos.

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